La reforma electoral de Sheinbaum

La reforma electoral que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum para este 2025 ha abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre el rumbo institucional de la democracia mexicana. Retomando varias propuestas impulsadas anteriormente por el presidente López Obrador, el proyecto busca rediseñar elementos centrales del sistema electoral, haciendo énfasis en la austeridad, la representatividad y la integridad del proceso democrático.

En este sentido, uno de los aspectos más discutidos es la posible eliminación de los legisladores plurinominales, con el objetivo de reducir el número de escaños en el Congreso y hacer más directa la representación ciudadana. Esta medida podría contribuir a tener un Poder Legislativo más ágil y menos costoso, aunque también ha generado preocupación entre algunos sectores por el riesgo que implica el reducir la pluralidad de voces en la toma de decisiones.

Otro punto relevante sería la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), cuyos consejeros serían electos por medio del voto popular. La intención sería fortalecer la legitimidad democrática del órgano, pero esta idea también invita a reflexionar sobre cómo garantizar su independencia y profesionalismo técnico, cualidades esenciales para el árbitro electoral.

Asimismo, la reforma propone recortar el financiamiento público a los partidos políticos, limitándolo, principalmente, a los años en que se celebran elecciones. Esta medida responde al reclamo de muchos ciudadanos por un gasto público más eficiente, aunque también plantea retos sobre cómo los partidos más pequeños podrán sostener sus actividades sin recursos constantes.

La propuesta también contempla disposiciones para evitar el nepotismo en cargos públicos, así como la reelección inmediata, lo que busca fortalecer la ética política y promover la renovación de liderazgos, especialmente en el ámbito local. Estas disposiciones tendrían fuertes repercuciones para Zacatecas en las elecciones del 2027.

En conclusión, la reforma electoral del 2025 representa una oportunidad para revisar el modelo actual y ajustarlo a las nuevas demandas sociales. No obstante, como toda transformación institucional de fondo, requerirá de un debate amplio, abierto y plural, donde participen todas las fuerzas políticas, especialistas y sociedad civil.

El desafío será lograr un equilibrio entre eficacia institucional, representatividad, ahorro y calidad democrática. Si se construye con apertura y responsabilidad, esta reforma podría marcar un paso importante hacia una democracia más sólida y cercana a la sociedad.