La entrega

Pues resulta que no fue ¡¡¡extradición!!! ¡¡¡Que fue  traslado, que fue expulsión, que fue envío, entrega o cambalache!!! Pues lo que haya sido, que aparentemente no encuadra en ninguna figura jurídica, el hecho es que el Gobierno de México, por decisión del Consejo de Seguridad Nacional, desterró a 29 connacionales que estaban presos por la comisión de diversos delitos relacionados con la delincuencia organizada en cárceles del país, y  los entregó a las autoridades de los Estados Unidos sin que queden claros los fundamentos del procedimiento, y ello ha generado un debate significativo sobre el marco legal y las implicaciones de esta acción.

Es de hacer notar que las propias autoridades mexicanas han enfatizado que esta medida no se llevó a cabo bajo el tratado de extradición habitual, sino que se sustentó en razones de seguridad nacional, fundándose en la Ley de Seguridad Nacional y en el artículo 89 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo facultades para preservar la estabilidad política del país, según lo afirmó el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fustigó el Poder Judicial de la Federación al justificar la acción, pues afirmó; sin aportar elementos de prueba,   que se había detectado el riesgo de que estos individuos fueran liberados o que sus procesos de extradición se retrasaran debido a acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, lo que de suyo constituye una acusación muy grave sustentada en una posible colusión entre jueces  y narcotraficantes, y que el Gobierno Mexicano debería sancionar de inmediato sin esperar a que también se los exijan los americanos. Si no hay elementos de prueba, y si sólo se dijo para tratar de justificar el obsequio a las exigencias del norte, es inaceptable porque eso constituye un golpe a una institución nacional, que sólo nos divide en lo interno y nos debilita y exhibe ante el exterior, para gusto de nuestros enemigos como el Presidente Trump, al que le damos más elementos en contra nuestra. Eso no se apega al llamamiento de la Presidenta Sheinbaum en torno a la unidad nacional. Si hay corrupción, no hay que gritarla; ¡¡hay que sancionarla!!

Por su parte la Fiscalía General estadounidense ha expresado que la entrega de los líderes criminales por parte de México se dio conforme a la Orden Ejecutiva 14157 suscrita por el presidente de EE UU, Donald Trump, por la que cinco cárteles de nuestro país fueron etiquetados como organizaciones terroristas, de lo que se deriva la posible existencia de una solicitud oficial de Estados Unidos, aderezada con una presión de fuerza, para agilizar este proceso de entrega que, en algunos casos, llevaban años estancados en los tribunales mexicanos.

Pareciera que la no sujeción al Tratado de Extradición se inscribe en la intención de parte de las autoridades mexicanas de que no sean condenados a la pena de muerte, pues como sabemos, el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México, vigente desde 1974, establece que el país requirente no puede imponer a un sujeto la pena de muerte si el país de origen no contempla ese castigo en sus leyes y recordemos que expresamente el artículo 22 de la Constitución Mexicana prohíbe expresamente la pena de muerte.

Ahora bien; no obstante, dado que el “envío” de los líderes criminales no se dio conforme a esa norma, las autoridades de los Estados Unidos han expresado su intención de pedir a los tribunales la pena de muerte para algunos de ellos, como parece ser el caso de Rafael Caro Quintero, quien es acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985, asunto que ni las autoridades de ese país, ni los familiares de la víctima olvidan.

Es notoria la insistencia del fiscal Gertz, que ha afirmado que ninguno de los capos entregados puede ser ejecutado. “Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, ha indicado. “Cuando se sujeta una operación a una convención internacional, como fue en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención”, ha agregado.

En resumen, la entrega de estos 29 individuos representa, sin lugar a dudas,  una acción contundente en la colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. No obstante, es esencial que las autoridades de ambos países gestionen cuidadosamente las posibles consecuencias legales y de seguridad que puedan derivarse de esta decisión y no bajar la guardia, ante la posibilidad de  que los cárteles puedan reaccionar con represalias violentas, lo que podría escalar la violencia en ciertas regiones.

Finalmente debemos decir que de allá; de Estados Unidos, están hablando de que pedirán el envío de narcopolíticos. ¿Veremos una entrega complementaria?