Justicia por propia mano: el caso de doña Carlota

En una época marcada por la desconfianza hacia las instituciones y por la desesperanza cotidiana de los más vulnerables, la tragedia que envuelve a la señora Carlota y a la familia de las víctimas sacude nuestras conciencias. Según se ha filtrado en los medios, una mujer de edad avanzada, conocida por los vecinos como tranquila y reservada, sufrió el despojo de su vivienda mientras se encontraba ausente, hecho delictivo que denunció sin obtener respuesta de las autoridades, de manera tal que; invadida por el coraje y la impotencia, acompañada de uno de sus familiares, se presentó en su propiedad ocupada por quienes no tenían derecho alguno sobre ella y disparó. El saldo: dos personas muertas y un joven de 14 años herido. Hoy está detenida y, más allá del proceso penal que enfrentará, queda una pregunta latente: ¿qué clase de sociedad hemos construido para que una abuelita sienta que tiene que defenderse sola?

Un acto desesperado… pero no justificable. El caso ha dividido a la opinión pública. Algunos la defienden, argumentando que solo protegía lo suyo. Otros la condenan, diciendo que nadie tiene derecho a matar. Y ambos tienen razón… a medias.

La legítima defensa es una figura jurídica contemplada en todos los códigos penales del país. Permite repeler una agresión real, actual e inminente. Pero también impone límites: debe ser proporcional, necesaria y razonable. No es lo mismo disparar en el momento del allanamiento que hacerlo días después, cuando ya se ha perdido la inmediatez del peligro.

Si bien doña Carlota denunció el delito, y esa inatención de las autoridades es reprobable y posiblemente delictiva, eso no la habilita automáticamente a impartir justicia por su cuenta. Cuando se rompe esa línea, dejamos de vivir en un Estado de derecho y entramos en el reino de la venganza.

El foco del debate no debe estar solo en doña Carlota. Debe estar, sobre todo, en quienes debieron protegerla. ¿Qué hicieron las autoridades cuando denunció el despojo? ¿Por qué no actuaron? ¿Cuántos expedientes como el suyo se amontonan en escritorios burocráticos donde los derechos pierden valor con cada hora que pasa?

La impunidad alimenta la desesperación. Y esa desesperación, en ocasiones, empuja a la tragedia. En este caso, no fue el crimen organizado el que mató. Fue que no fuera escuchada y atendida por la autoridad responsable.

El peligro de normalizar la justicia por mano propia. Hoy es doña Carlota, pero mañana puede ser cualquier otra persona. Y si este caso se convierte en símbolo de resistencia popular, sin matices, corremos el riesgo de institucionalizar el caos.

No podemos; di debemos, romantizar que los ciudadanos se armen y enfrenten a los delincuentes por su cuenta. Eso no es justicia. Es anarquía.

El Estado no puede permitir precedentes donde la violencia ciudadana se entienda como una extensión legítima de la autodefensa. Si cada quien toma la ley en sus manos, dejaremos de tener ley.

Todos pierden. Dos de los supuestos invasores murieron. El menor está herido. Doña Carlota está detenida; y México, otra vez, está herido. Este caso no tiene héroes, solo víctimas de un sistema roto. Un sistema que no protege, que no responde, y que obliga a los débiles a hacer lo impensable para no ser pisoteados.

Conclusión: ni héroes ni villanos, solo urgencia de justicia real. La justicia no puede ser un acto solitario, ni una pistola en manos de una abuela. La justicia debe ser institucional, pronta, eficaz, humana; y si el sistema no fue capaz de evitar que doña Carlota llegara a este extremo, no solo debe rendir cuentas. Debe cambiar.

Porque cuando el Estado no protege, el miedo reina. Y cuando reina el miedo, hasta lo injustificable se vuelve comprensible, y eso, eso es lo verdaderamente peligroso.