
Jaime Santoyo Castro.
A algunos organismos nacionales e internacionales les pareció que una medida de esta naturaleza podría abrir la puerta a la censura gubernamental.
La reconsideración de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a su iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ofrece una valiosa lección de sensibilidad política y compromiso democrático que vale la pena analizar con detenimiento.
Recordemos que la propuesta inicial surgió a raíz de la transmisión en medios mexicanos de un ofensivo anuncio antiinmigrante emitido por el gobierno estadounidense de Donald Trump y como reacción, la presidenta planteó reformas orientadas a prohibir la difusión de propaganda política extranjera en medios nacionales, pero además propuso la sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT); una nueva entidad con amplias facultades regulatorias.
Sin embargo, el texto de la iniciativa contenía algunos elementos que prendieron las alarmas entre diversos sectores, siendo el más sensible el del artículo 109, que otorgaba a la nueva agencia la facultad de ordenar el bloqueo temporal de plataformas digitales ante supuestos incumplimientos normativos, pero sin establecer con claridad los casos concretos o los procedimientos garantistas aplicables. Esta falta de precisión fue vista, con razón, como un riesgo para la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos digitales, pilares fundamentales de toda democracia.
A algunos organismos nacionales e internacionales les pareció que una medida de esta naturaleza podría abrir la puerta a la censura gubernamental. De manera particular, se recordó que el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen de manera inequívoca la prohibición de restricciones indirectas al derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
Ante esta presión legítima, la reacción de la presidenta Sheinbaum, a mi parecer, fue ejemplar, pues en lugar de endurecer su posición o minimizar las críticas, mostró sensibilidad política y social. De entrada, negó que su intención fuera restringir las libertades fundamentales; solicitó al Senado posponer el dictamen y propuso revisar o incluso eliminar el artículo más polémico para evitar cualquier afectación a los derechos humanos.
Este acto de reconsideración no debe pasar desapercibido. En tiempos en los que muchos gobiernos en el mundo tienden a endurecer sus posiciones frente a las críticas, la disposición a escuchar, corregir y abrir espacios de deliberación habla bien de la calidad democrática de un liderazgo. Claudia Sheinbaum demostró que gobernar en democracia implica asumir las responsabilidades del poder, pero también sus límites: el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
Desde el escenario internacional, esta actitud matiza positivamente la percepción que inicialmente se pudo formar con la presentación de la iniciativa. Si bien el proyecto original generó preocupación, la respuesta de apertura, diálogo y corrección permite mantener la expectativa de que el nuevo gobierno de México actuará conforme a los principios de legalidad, transparencia y respeto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
No obstante, el episodio también deja enseñanzas que no deben ignorarse. La sola presentación de una propuesta que habilitara la posibilidad de bloquear plataformas digitales a discreción evidencia que subsiste un riesgo real: el de considerar la regulación tecnológica y digital como un instrumento de control político, y no como una herramienta de garantía de derechos. En el futuro, sería sano tomar en consideración que cualquier reforma en materia de telecomunicaciones y plataformas digitales parta de un diseño que, desde su origen, contemple como valores superiores la libertad de expresión, el acceso a la información y la autonomía de los órganos reguladores.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones deberá seguir discutiéndose, ahora con una mirada mucho más crítica y participativa. El reto es que el nuevo marco normativo fortalezca, y no debilite, el ecosistema democrático en México.
En conclusión, la presidenta Sheinbaum ha dado una muestra importante de sensibilidad democrática. Su capacidad para corregir el rumbo ante una legítima preocupación pública demuestra que el liderazgo efectivo no se mide sólo en la fuerza de las convicciones, sino también en la apertura para escuchar, enmendar y construir consensos. Gobernar, después de todo, es ejercer el poder con respeto absoluto a la dignidad y a los derechos de los ciudadanos. Y en este caso, la presidenta ha demostrado que está dispuesta a actuar conforme a esos principios. ¡¡¡Bien por México!!!