Infiltrados y violencia en las manifestaciones populares

Las manifestaciones populares han sido, históricamente, una herramienta crucial para que los sectores marginados oprimidos, o las minorías, hagan escuchar sus demandas. Sin embargo, en las últimas décadas, hemos sido testigos de un fenómeno que distorsiona y deslegitima estas movilizaciones: la presencia de infiltrados que generan violencia, desviando la atención del objetivo principal de las marchas.

Un ejemplo contundente son las protestas que han realizado durante los últimos días algunos grupos de migrantes en Los Ángeles y algunas otras ciudades de los Estados Unidos, para expresarse en contra de las injustas redadas migratorias que los persiguen, los detienen y los atemorizan. Estas movilizaciones buscan visibilizar la precaria situación de millones de personas que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen. Por si fuera poco, los manifestantes tienen que cuidarse de las acciones violentas de ciertos grupos infiltrados, que pueden tener agendas propias o simplemente buscan desestabilizar, son aprovechadas por sectores conservadores para desacreditar al movimiento entero y alentar a que continúen las redadas  Frases como “los migrantes son una amenaza” se refuerzan mediante imágenes sensacionalistas de enfrentamientos y vandalismo.

Otro caso emblemático es el del movimiento feminista y las marchas del 8M. Estas movilizaciones, organizadas para exigir igualdad, justicia y el cese de la violencia contra las mujeres, también han sido objeto de infiltración. En muchas ciudades, la narrativa mediática se ha centrado más en los vidrios rotos y las pintas en monumentos que en las cifras alarmantes de feminicidios y la impunidad rampante. Este enfoque reduce el impacto de las demandas feministas al desviar la conversación hacia los “daños materiales”.

Orígenes de la Violencia Infiltrada

La violencia dentro de manifestaciones pacíficas puede tener diversas causas y actores. Por un lado, hay quienes ven en las protestas una oportunidad para el saqueo, el vandalismo o el caos, sin conexión ideológica con los objetivos del movimiento. Por otro lado, existen infiltrados organizados por grupos políticos o económicos que buscan desacreditar la causa, generando una percepción de desorden que justifique la represión estatal.

También debemos considerar que, en algunos casos, la propia frustración de los manifestantes puede derivar en actos de violencia. Cuando la injusticia y la indiferencia se prolongan, la rabia se convierte en acción directa, aunque esta no siempre sea bien vista o comprendida por la sociedad.

Consecuencias del Fenómeno

La presencia de infiltrados y la violencia que generan tienen consecuencias devastadoras para las movilizaciones pacíficas. En primer lugar, deslegitiman las demandas de los manifestantes ante la opinión pública. Esto es particularmente grave en contextos donde los medios de comunicación son afines a intereses conservadores, ya que amplifican los actos violentos mientras minimizan o ignoran las razones de la protesta.

En segundo lugar, se crea un pretexto para la represión violenta por parte del Estado. La militarización de las calles y el uso desproporcionado de la fuerza policial se justifican bajo el argumento de “restablecer el orden”, muchas veces dejando como saldo detenciones arbitrarias, heridos y hasta muertos.

Finalmente, las acciones violentas dividen a los movimientos. Mientras una parte de los manifestantes aboga por mantener una postura pacífica, otra puede sentir que la violencia es el único camino para ser escuchados. Esta fractura interna dificulta la coordinación y la eficacia de las protestas.

Posibles Soluciones

Para enfrentar este problema, es necesario adoptar medidas que protejan tanto la integridad del movimiento como a los manifestantes pacíficos. Primero, los organizadores de las marchas deben fortalecer los mecanismos internos de seguridad, identificando y aislando a posibles infiltrados. Esto puede incluir el establecimiento de brigadas de observación y la coordinación con organismos de derechos humanos.

En segundo lugar, es urgente un cambio en la narrativa mediática. Los medios de comunicación deben asumir su responsabilidad de informar de manera equilibrada, destacando las causas y demandas de las movilizaciones en lugar de centrarse exclusivamente en los actos violentos.

Por último, se requiere un compromiso estatal para garantizar el derecho a la protesta pacífica. Esto implica capacitar a las fuerzas de seguridad para actuar de manera proporcional y respetuosa, así como establecer sanciones claras para los agentes que incurran en represión injustificada o infiltración deliberada.

Reflexión Final

Las manifestaciones populares son un pilar de la democracia y una expresión esencial del derecho a la libertad de reunión y expresión. Sin embargo, cuando la violencia se infiltra en estas movilizaciones, el mensaje se diluye y los avances sociales se tornan más difíciles de alcanzar. Es tarea de todos —manifestantes, medios, sociedad y Estado— garantizar que las voces pacíficas no sean ahogadas por el ruido de la violencia.