El fuero no significa impunidad

El fuero constitucional en México es una figura jurídica diseñada para proteger a ciertos funcionarios públicos, como diputados y senadores, permitiéndoles desempeñar sus funciones sin temor a represalias legales por las opiniones que expresen o las decisiones que tomen en el ejercicio de sus cargos. El Artículo 61 de la Constitución Mexicana establece que los legisladores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus funciones y no podrán ser reconvenidos por ellas.

Es importante subrayar que el fuero es una protección que la constitución otorga a los legisladores en garantía de libertad del ejercicio de su encomienda, para que no sean perseguidos o sancionados por sus opiniones o decisiones emitidas en el ejercicio del cargo, no para protegerlos de sus conductas o actividades en su vida normal. Es decir; para protegerlos de los embates del poder, y que no les suceda lo que históricamente les ha pasado a los críticos del régimen, como es el triste ejemplo del Senador Chiapaneco Belisario Domínguez, quien por emitir duras críticas en contra de Victoriano Huerta, le cortaron la lengua y lo privaron de la vida en octubre de 1913.

Sin embargo, es fundamental entender que el fuero no es sinónimo de impunidad. Cuando un legislador es acusado de cometer un delito, existe un procedimiento conocido como desafuero, regulado por el Artículo 111 de la Constitución. Este proceso permite que la Cámara de Diputados determine si hay lugar a proceder penalmente contra el funcionario en cuestión. Si la Cámara declara procedente la acusación, el legislador es separado de su cargo y queda a disposición de las autoridades competentes para ser juzgado conforme a la ley.

Un caso reciente que ejemplifica la aplicación y los desafíos del fuero constitucional es el de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista metido a político. Blanco, quien fue Presidente Municipal de Cuernavaca, Gobernador del Estado Morelos y actualmente Diputado Federal por el partido Morena, fue acusado en octubre del año pasado por su media hermana de intento de violación. Según la denuncia, el incidente ocurrió en diciembre de 2023, cuando Blanco aún era gobernador y la presunta víctima trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado.

La Fiscalía de Morelos solicitó al Congreso federal el desafuero de Cuauhtémoc Blanco para proceder penalmente en su contra; sin embargo, la mayoría legislativa conformada por Morena, el PRI y el Partido Verde rechazó la petición, argumentando supuestas fallas técnicas en la investigación, lo que generó controversia y división dentro de la Cámara de Diputados, con 35 legisladoras de Morena protestando y exigiendo que se retirara el fuero a Blanco para que enfrentara a la justicia sin privilegios, como cualquier ciudadano común.

Una vez que mantuvo su inmunidad legislativa, Cuauhtémoc Blanco se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de Morelos para rendir declaración sobre las acusaciones en su contra, donde negó las imputaciones y las calificó como una revancha política atribuida al exfiscal de su Estado, Uriel Carmona. Blanco afirmó que su inmunidad procesal no afectaba el caso y mostró disposición a colaborar con la investigación, pero sin despojarse de la inmunidad que le da el fuero.

Aparentemente la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó en un inicio la decisión del Congreso de no desaforar a Blanco, pero posteriormente solicitó que se continuaran las investigaciones y que Blanco se presentara voluntariamente ante las autoridades. Además, Sheinbaum apoyó la propuesta de eliminar el fuero constitucional para legisladores y gobernadores, planteada por el también Diputado zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pero esta iniciativa debe valorarse cuidadosamente porque la eliminación del fuero vuelve a poner en riesgo a los débiles contrarios al poder.

Más valdría legislar para eliminar la delgada línea que existe ahora entre la protección que ofrece el fuero constitucional y la percepción de impunidad, pues si bien el fuero tiene como objetivo garantizar la independencia y el correcto desempeño de las funciones legislativas, su mal uso o la negativa a retirarlo en casos de acusaciones graves puede socavar la confianza pública en las instituciones y en el principio de igualdad ante la ley.

También es esencial que los procedimientos de desafuero se lleven a cabo con transparencia, imparcialidad, apego a la legalidad y seriedad, asegurando que no se utilicen como herramientas políticas, pero tampoco como escudos de impunidad.

La propuesta de eliminar el fuero constitucional pareciera buscar precisamente evitar estos dilemas y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su cargo público, sean responsables por sus actos ante la justicia, pero cuidado; porque la historia de nuestros país está plagada de ejemplos en los que el contrario a las opiniones o decisiones del régimen es atacado, cuestionado, acusado, y recibe atentados contra su integridad personal y contra su vida.

En conclusión, el fuero constitucional es una herramienta diseñada para proteger la función legislativa de interferencias indebidas, pero no debe ser utilizado como un mecanismo para evadir la justicia. El caso de Cuauhtémoc Blanco subraya la necesidad de revisar y, posiblemente, reformar las disposiciones relacionadas con el fuero en México, asegurando que la inmunidad parlamentaria no se convierta en sinónimo de impunidad y que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad ante la ley.