
Jaime Santoyo Castro.
La minería genera ganancias multimillonarias para empresas nacionales e internacionales, pero éstas riquezas no se quedan en las comunidades locales.
“Como la sota moza, Patria Mia, en piso de metal vives al día, de milagros, como la lotería.” RLV.
Hace un poco más de cien años, en su poema a la Suave Patria, el bardo jerezano Ramón López Velarde se lamentaba de la triste situación económica de la gente de los pueblos mineros, como la de Zacatecas, que vive al día pese a vivir en piso de metal, refiriéndose al subsuelo rico en yacimientos minerales, pero nadie le hizo caso.
Es esta una cruel paradoja que afecta a muchas comunidades mineras en el mundo, toda vez que los pueblos mineros, como muchos en Zacatecas, suelen estar ubicados sobre depósitos de minerales como oro, plata, cobre, carbón, entre otros, que son esenciales para la economía global, sin que ello se refleje en una alternativa de desarrollo real y sostenible para la población.
La minería genera ganancias multimillonarias para empresas nacionales e internacionales, pero éstas riquezas no se quedan en las comunidades locales, cuando en justicia la riqueza mineral debería ser una fuente de desarrollo para la gente.
Es común ver que a pesar del valor de los recursos extraídos, las comunidades mineras a menudo enfrentan pobreza extrema, falta de servicios básicos y oportunidades económicas limitadas, pues las ganancias se concentran en grandes corporaciones y élites, mientras que los trabajadores locales reciben salarios bajos y pocos beneficios, o incluso quedan con incapacidades por enfermedades pulmonares, pero eso no es todo. La actividad minera a menudo degrada el medio ambiente dejando suelos infértiles, pueblos abandonados, agua contaminada y aire tóxico, lo que afecta directamente la calidad de vida de los habitantes.
Pero más aún; es frecuente que ante la llegada de nuevos proyectos mineros surjan pretendidos líderes sociales que, aparentando defender a los pobladores, se dedican a chantajear y extorsionar a las empresas mineras, con presiones y obstáculos al desarrollo de sus trabajos, lo que deriva en tensiones y conflictos entre empresas, trabajadores, propietarios o poseedores de tierras y los propios gobiernos, sin que en realidad esta aparente defensa se vea reflejada en una mejoría para la población.
Las causas de esta paradoja se generan cuando en el objetivo extractivista se pone mayor énfasis en la exportación de recursos sin pensar en el desarrollo sostenible de las comunidades y cuando las autoridades gubernamentales permiten prácticas extractivas irresponsables, pero fundamentalmente cuando los ingresos provenientes de la minería no se invierten en educación, salud o infraestructura local. Muchas comunidades mineras son marginadas en términos de políticas públicas y programas de desarrollo.
En tal virtud, es necesario romper este negativo ciclo estableciendo políticas inclusivas, orientadas a asegurar que parte de las ganancias mineras se reinviertan en las comunidades para mejorar infraestructura y servicios, pero también con una regulación ambiental que propicie la implementación de medidas para reducir el impacto ecológico de la minería y promover su restauración.
Cada proyecto minero debe ir acompañado de un proyecto alternativo de desarrollo construido con la participación activa de la población, con acciones que garanticen el establecimiento de actividades económicas alternativas para reducir la dependencia de la actividad minera.
Lograr que la extracción minera deje recursos suficientes para crear alternativas de desarrollo en los pueblos mineros requiere una combinación de políticas públicas, participación comunitaria, regulación adecuada, un compromiso ético por parte de las empresas mineras y voluntad política de las autoridades.
En muchas latitudes se han establecido estrategias clave para alcanzar este objetivo, como lo son:
Acompañamiento internacional buscando el apoyo de organizaciones internacionales para garantizar el cumplimiento de estándares sociales y ambientales.