Prevenir es siempre más económico y humano que curar, pero en la gestión de la salud pública mexicana solemos preferir la ceguera reactiva. Durante décadas, el paulatino deterioro de las facultades mentales en los adultos mayores fue etiquetado con la displicencia del lenguaje cotidiano: “chochera”, un rasgo inevitable del almanaque acumulado. Sin embargo, en los últimos 25 años, la transición demográfica y epidemiológica nos ha colocado de frente ante una realidad imponente. La demencia dejó de ser una rareza doméstica para convertirse en un problema estructural de salud y de política pública.

El contraste de nuestra trayectoria con el panorama internacional es tan revelador como alarmante. Mientras que investigaciones publicadas por la revista JAMA Neurology muestran que en países de altos ingresos la prevalencia estandarizada por edad de las demencias se ha estabilizado o incluso reducido —gracias a un control cardiovascular temprano y mejores niveles educativos—, en México la tendencia dibuja una curva bruscamente ascendente. En el transcurso del último cuarto de siglo, la proporción de adultos mayores de 65 años que enfrentan demencia en el país pasó del 9.6% a un espeluznante 14.5%. Las cifras son las más altas de América. En números crudos, estamos hablando de más de 1.3 millones de personas atrapadas hoy en la pérdida paulatina de su propia narrativa personal.

Por su parte, los análisis de la Comisión sobre Demencia de la revista The Lancet y las proyecciones del estudio Global Burden of Disease anticipan un escenario aún más severo: para el año 2050, el número de mexicanos que vivirán con la enfermedad de Alzheimer u otras formas de deterioro cognitivo superará los 3.5 millones. Lo verdaderamente crítico de lo publicado por The Lancet no radica en el diagnóstico sombrío, sino en su dimensión preventiva. El informe demuestra que casi el 45% de los casos de demencia a nivel global se explican por factores de riesgo potencialmente modificables a lo largo de la vida: hipertensión arterial, diabetes no controlada, obesidad en la mediana edad, tabaquismo, baja escolaridad, sedentarismo, sordera y aislamiento social.

Es decir, la crisis de la demencia en México no es una mera fatalidad biológica ni un castigo genético ineludible; es, en gran medida, el síntoma tardío de un sistema sanitario que ha desatendido la prevención primaria de las enfermedades crónico-metabólicas. La epidemia de diabetes e hipertensión que hemos arrastrado en los últimos 25 años es el combustible que hoy alimenta el colapso cognitivo de miles de ancianos.

En Zacatecas, este fenómeno adopta una escala dramática debido a las particularidades de nuestra configuración sociodemográfica. La constante migración de las generaciones jóvenes hacia Estados Unidos o hacia los polos de desarrollo industrial del país ha dejado vastas zonas de nuestro territorio rural habitadas predominantemente por los mayores. El aislamiento social —un factor de riesgo neurocognitivo plenamente identificado por la literatura médica— no es para muchos zacatecanos una elección personal, sino el resultado del vaciamiento comunitario. A ello se suma una dispersión geográfica que vuelve casi imposible el acceso a diagnósticos oportunos en el primer nivel de atención. En los municipios alejados de la capital, la demencia se diagnostica tarde, cuando la dependencia es total y el margen de intervención es nulo.

Existe, además, un costo oculto que la contabilidad del gasto público prefiere no registrar: la economía del cuidado. En la sociedad mexicana, más del 80% del soporte a los pacientes con Alzheimer u otras demencias recae de forma no remunerada en la estructura familiar, con un sesgo de género aplastante que vulnera el tiempo, el patrimonio y la salud mental de hijas, esposas y nueras. Sin estancias de día municipales, sin programas institucionales de respiro para el cuidador y sin capacitación geriátrica en la medicina comunitaria, el Estado mexicano simplemente ha delegado en los hogares una carga financiera y emocional devastadora.

El balance de este último cuarto de siglo demuestra que no podemos seguir administrando la vejez únicamente mediante transferencias monetarias directas. Las pensiones son necesarias, pero resultan insuficientes cuando la mente se apaga en un entorno sin servicios de salud especializados. Garantizar la dignidad en el tramo final de la vida requiere infraestructura médica real: programas de cribado cognitivo temprano, control riguroso de la hipertensión y la glucosa desde temprano, y redes de apoyo a la dependencia. Si la política de salud no asume la prevención mental como una prioridad presupuestal urgente, el olvido terminará por alcanzar no solo a nuestros ancianos, sino a la memoria colectiva e institucional de todo nuestro estado.