La nueva ley de aguas, escuchamos a todos

Como cada semana, me da gusto encontrarme con ustedes, seguidores de esta opinión, soy su amigo Saúl Monreal, estamos convencidos, que para todos los involucrados, así como para México entero, y no solo como una política facciosa, como lo quiere hacer ver la oposición, la discusión de la nueva Ley General de Aguas representa un momento crucial para el país, nosotros a diferencia de ellos en el periodo neoliberal, sí buscamos un beneficio para los más desprotegidos, no sólo porque moderniza un marco jurídico rezagado desde hace décadas, sino porque lo hace después de un proceso amplio de participación social que desmiente la narrativa de la derecha, que insiste mentirosamente en afirmar que no se ha escuchado a productores, concesionarios, usuarios agrícolas ni a quienes dependen del agua para su actividad económica.

No solo la realidad, sino los datos oficiales muestran lo contrario, de acuerdo con la Cámara de Diputados, las audiencias públicas concluidas el 21 de noviembre reunieron más de 450 propuestas documentadas y 180 ponencias presenciales y materiales remitidos para análisis legislativo, producto de tres grupos de trabajo regionales, Norte, Centro y Sur; convocados específicamente para escuchar a especialistas, comunidades rurales, pueblos originarios, organizaciones agrarias, académicos y representantes de sistemas comunitarios de agua, esas cifras evidencian la amplitud del ejercicio y la seriedad del parlamento abierto que acompañó esta construcción legislativa.

El planteamiento central de la nueva ley es reconocer el acceso al agua como un derecho humano y no sólo como un bien concesionado bajo lógicas de mercado, hubo incluso, organizaciones que documentaron que el enfoque de la iniciativa prioriza el consumo humano, el saneamiento y la gestión sustentable, integrando criterios de equidad hídrica y de protección ambiental que antes no estaban suficientemente desarrollados.

La derecha ha intentado aprovechar las tensiones propias de esta transición para construir un discurso alarmista como es su costumbre, desde algunas voces opositoras se ha asegurado que la ley “colapsará el campo” o “pondrá en riesgo la producción”, como se ha difundido en espacios vinculados al PAN en el Senado. Sin embargo, estas afirmaciones omiten que la propia ley da certeza jurídica a los productores, establece criterios de uso eficiente y asegura que quienes realmente utilizan el agua para la producción agrícola seguirán contando con ella, pero ahora bajo reglas claras y con mecanismos de transparencia que impidan el abuso de unos cuantos.

La nueva Ley General de Aguas es, en esencia, un instrumento técnico, sustentado en evidencia, diseñado para enfrentar la crisis hídrica con responsabilidad y con visión de futuro. Quienes hoy se oponen no lo hacen en defensa del interés nacional, es más, nunca antes habían propuesto algo para lograr la equidad y la justicia en el tema, era invisible para ellos, callaron ante un modelo hídrico que protegía privilegios, esta legislación es un paso necesario para garantizar que el agua en México sea un bien común, administrado con justicia, equidad y sustentabilidad para todas y todos.