El debate detrás de la “ley esposa”

La iniciativa conocida como “ley esposa”, impulsada por el Congreso de San Luis Potosí, ha generado una fuerte discusión pública en todo el país al tocar varios temas sensibles como la paridad de género, el uso del poder político y los límites éticos de la ley. El debate no se centra solo en si la norma es legal o no, sino en para qué se creó y a quién beneficia.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó en “La mañanera” del pasado lunes 22 de diciembre que “no hacen falta este tipo de leyes” para la selección de candidaturas a los gobiernos estatales. Su postura parte de una realidad ya existente, hoy los partidos políticos están obligados a postular el mismo número de mujeres que de hombres. Esta regla, impulsada por el INE y reforzada con acciones afirmativas, ha permitido que más mujeres lleguen a gubernaturas, algo que antes era poco común. En ese sentido, la paridad ya está funcionando como una herramienta para abrir espacios y equilibrar la competencia.

El problema surge cuando se diseña una ley para favorecer a una persona en específico. En este caso, la crítica principal es que la propuesta podría facilitar que la esposa del gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona compita para sucederlo en el cargo. Cuando una ley se percibe como hecha “a la medida”, se debilita la confianza ciudadana y se pone en duda la intención real de los legisladores. Aunque la ley se justifique con el argumento de la igualdad, su contexto político no puede ignorarse.

El mensaje de la presidenta fue interesante al señalar que no cree conveniente legislar la alternancia obligatoria entre hombres y mujeres. Esto significa que no siempre tendría que tocarle a un hombre o a una mujer, solo por regla. Una ley así podría cerrar el paso a personas con trayectoria o apoyo social, solo por su género. La paridad busca dar oportunidades, no imponer resultados. La competencia democrática debe seguir basándose en el respaldo ciudadano y en propuestas claras.

Este caso es muy similar a la discusión sobre el nepotismo. Aunque la ley no prohíbe que una persona con vínculos familiares aspire a un cargo público, para una parte de la ciudadanía es importante que estos procesos se perciban como justos y abiertos. Cuidar la percepción es clave para fortalecer la confianza en las instituciones y fomentar una mayor participación ciudadana.

Mientras se espera el análisis sobre si la ley es constitucional, el debate ya dejó una lección clara, las leyes deben servir al interés general, no a proyectos personales. La paridad de género es un avance importante y necesario, pero debe cuidarse para que no sea usada como pretexto para mantener el poder. La democracia se fortalece cuando las reglas son claras, justas y pensadas para todos.