Desde hace varios meses se nos ha repetido que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra retirado de la vida pública, dedicado a escribir, descansar y disfrutar de la tranquilidad de su rancho en Palenque, Chiapas, conocido popularmente como “La Chingada”.

Sin embargo, los acontecimientos recientes parecen indicar algo distinto.

La carta que el exmandatario dirigió al presidente Donald Trump, en un tema relacionado con la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, inevitablemente genera confusiones y malestar porque deja entrever la tendencia de López Obrador a meterse y a opinar sobre los asuntos públicos, que es producto de su equivocada creencia de que todo lo sabe y todo lo puede tal cual dictador, y que por ello puede hacer a un lado el respeto a la actual mandataria mexicana, que es Presidenta por voluntad de la población.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no deja lugar a dudas. La conducción de la política exterior corresponde a la Presidenta de la República. Es ella quien representa al Estado mexicano frente al mundo, quien fija posiciones diplomáticas y quien asume la responsabilidad política de las decisiones que se adopten en esa materia.

Por ello resulta inevitable preguntarse si la innecesaria y poco inteligente intervención pública del expresidente constituye simplemente una opinión personal o si representa una forma de influencia política que puede interpretarse como una intromisión en funciones que hoy corresponden exclusivamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Nadie puede negar el derecho que tiene cualquier ciudadano a expresar sus opiniones. Tampoco puede negarse que López Obrador conserva un enorme liderazgo político de la gente a la que encumbró y una influencia significativa sobre amplios sectores de la población y de su propio movimiento.

Precisamente por eso su responsabilidad es mayor.

Cuando una figura de tal dimensión interviene en asuntos que corresponden al gobierno en funciones, sus palabras dejan de ser simples opiniones privadas. Adquieren inevitablemente una dimensión política e institucional que puede generar confusión dentro y fuera del país.

Más aún cuando se trata de la relación con los Estados Unidos, un asunto particularmente sensible para México por sus implicaciones económicas, comerciales, migratorias y de seguridad.

En una democracia sana debe existir claridad respecto de quién gobierna y quién responde por las decisiones públicas. Los expresidentes pueden opinar, escribir libros, participar en debates académicos o formular propuestas, pero la conducción del Estado corresponde a quienes recibieron el mandato popular vigente.

De otra manera se corre el riesgo de generar la percepción de un doble mando político, donde las decisiones formales se toman en Palacio Nacional, pero las señales políticas continúan emanando desde otro lugar.

Y es aquí donde surge la inevitable ironía.

Si la intención del expresidente era demostrar que se encuentra completamente retirado de la vida pública, pareciera que la carta se hizo para que produjera exactamente el efecto contrario, toda vez que lo colocó en el centro del debate nacional e internacional y sembró dudas sobre los márgenes reales de autonomía de la actual administración.

Quizá por ello algunos observadores han señalado que el episodio terminó convirtiéndose en una muestra de protagonismo político innecesario. Un protagonismo que, para mayor simbolismo, surgió precisamente desde “La Chingada”.

Y cuando el protagonismo personal comienza a interferir con la claridad institucional que requiere una República, el problema ya no es únicamente de formas o de estilos. Se convierte en un asunto de respeto a las responsabilidades constitucionales y a la investidura de quien hoy ocupa legítimamente la Presidencia de México.

Porque en una democracia madura debe quedar perfectamente claro quién gobernó ayer, quién gobierna hoy y quién responderá mañana por las decisiones que se tomen.

Lo demás son sombras que terminan debilitando las instituciones que dicen defender.