
Saúl Monreal Ávila, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.
Zacatecas es tierra de vocación agrícola; maíz, frijol, chile, uva y forrajes no son solo cultivos, son el rostro económico y cultural de miles de familias.
Amigas y amigos que nos siguen a través de este espacio de opinión, les saluda con gusto su amigo, Saúl Monreal, en los últimos días, diversas regiones del país, incluido nuestro estado de Zacatecas, han sido testigo de la desesperación de los productores agrícolas que, ante la falta de certidumbre en los precios y los abusos del coyotaje, se han visto obligados a bloquear carreteras e incluso a derramar su cosecha sobre el pavimento. No se trata de gestos de confrontación, sino de un clamor legítimo, el campo ya no resiste el abandono del mercado ni la intermediación abusiva que lo ha dañado por décadas.
Zacatecas es tierra de vocación agrícola; maíz, frijol, chile, uva y forrajes no son solo cultivos, son el rostro económico y cultural de miles de familias. Por ello, la entrada en vigor de las nuevas reglas de operación de los Precios de Garantía y la consolidación de Producción para el Bienestar no son meros decretos administrativos, representan un parteaguas en la defensa del productor real, el que siembra con riesgo propio y cosecha con esperanza ajena.
El coyotaje, ese intermediario que compra en la urgencia y revende en la escasez, ha sido el enemigo silencioso del campo zacatecano. Se ha aprovechado de la falta de regulación, del aislamiento de las comunidades y de la urgencia de vender para sobrevivir. Frente a esa práctica, hoy el Estado mexicano ha trazado un camino que exige disciplina administrativa, pero garantiza justicia productiva, precios mínimos definidos, volúmenes máximos por productor y canales directos de acopio a través de Segalmex y Liconsa.
En Zacatecas, donde el ingreso rural depende del ciclo agrícola, no podemos permitir que el esfuerzo del productor sea tasado por el azar del coyotaje. Por eso, respaldo con firmeza la implementación de un padrón depurado, de centros de acopio regionalizados y de mecanismos de pago que no vulneren la dignidad del campesino. Es preferible un proceso ordenado y transparente, que un mercado anárquico donde siempre gana el intermediario y siempre pierde el productor.
Las manifestaciones recientes no son un desafío al Estado; son un llamado al Estado. Y desde el Senado, tenemos la obligación de canalizar ese llamado en mesas técnicas, ajustes presupuestales y reformas que protejan no solo el cultivo, sino también la comercialización. Porque el problema no está en sembrar, está en vender con justicia.
Zacatecas no exige privilegios, exige presencia institucional. Que se instalen más centros de acopio; que se ajusten los precios de garantía conforme a los costos regionales; que se garantice el pago puntual. No puede haber soberanía alimentaria si no hay primero dignidad agrícola.
Desde esta trinchera legislativa reafirmo nuestro compromiso, acompañar al campo zacatecano no solo con discurso, sino con ley, con presupuesto y con vigilancia. El tiempo del coyotaje debe llegar a su fin. Es tiempo del productor.