

Saúl Monreal Ávila, docente de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.
Su construcción ha sido un proceso histórico permanente, nutrido por luchas sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles y comunitarias.
Los movimientos de izquierda en México no emergieron de manera espontánea ni súbita; se forjaron en un contexto de exclusión política, desigualdad estructural y autoritarismo estatal que marcó la segunda mitad del siglo XX. Su construcción ha sido un proceso histórico permanente, nutrido por luchas sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles y comunitarias que, desde los años setenta, comenzaron a cuestionar la cerrazón de un sistema egoísta y a exigir un país más plural y más justo.
En la década de 1970, el Halconazo, obligó a la izquierda a dirimirse entre expresiones clandestinas y la organización social abierta. Las guerrillas urbanas y rurales surgieron como respuesta al cerco institucional, mientras que sindicatos independientes, movimientos campesinos y colectivos estudiantiles apostaron por la construcción de un espacio democrático desde la movilización civil. Esa etapa fundacional permitió articular demandas que, con el tiempo, se transformarían en reformas estructurales para el país.
En los años ochenta, la crisis económica y el desgaste del sistema político abrieron paso a la institucionalización de la izquierda en partidos como el PSUM, el PMS y, posteriormente, la fundación del PRD en 1989. Este hito unificó a la izquierda histórica, obrera, campesina e intelectual; con la corriente democrática que rompió con el PRI, configurando por primera vez una fuerza progresista con alcance nacional y vocación electoral. Más tarde, la irrupción del zapatismo en los noventa, con su profundo cuestionamiento al racismo y la exclusión de los pueblos indígenas, fortaleció una agenda de derechos colectivos que trascendió las fronteras partidistas.
Este proceso continuó en los gobiernos locales de izquierda del siglo XXI, particularmente en la Ciudad de México, donde se gestaron avances pioneros como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, las primeras políticas de identidad de género por vía administrativa, y los programas sociales universales que después serían replicados a nivel nacional. La consolidación posterior de un nuevo proyecto político, con la creación de Morena en 2014 y la victoria electoral de 2018, cerró un ciclo histórico de construcción y abrió otro de profundización institucional.
Los derechos conquistados por estas luchas son múltiples, estructurales e innegables como la autonomía electoral del Estado mexicano; el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas; la expansión de derechos civiles como la igualdad matrimonial y la identidad de género; la paridad sustantiva y las garantías contra la violencia política hacia las mujeres; la ampliación del Estado social con pensiones, becas y asistencia universal; la reforma laboral que aseguró libertad sindical, democracia obrera, regulación del outsourcing y fortalecimiento del salario mínimo; así como la inscripción del derecho a un medio ambiente sano y la defensa del territorio en la agenda pública.
Sin embargo, más allá de las conquistas normativas, la izquierda mexicana ha sostenido un principio inalterable, la democracia se construye mediante la paz, la deliberación y el respeto irrestricto al derecho a la manifestación de las ideas. La transformación social solo es legítima cuando se funda en la fuerza moral de la participación ciudadana. Por ello, la izquierda seguirá reivindicando la protesta pacífica, el pluralismo y la crítica como motores esenciales de una nación verdaderamente democrática.