Salteadores de cargos públicos

Así podríamos definir a todas aquellas personas que ocupan cargos en el gobierno de manera oportunista, que buscan principalmente beneficios personales o de grupo en lugar de servir al interés público, pues sin más méritos que las componendas, corrupción, nepotismo, compadrazgos, amiguismo, o pactos colusorios, “asaltan” las oportunidades dentro del gobierno para su propio provecho, poniendo en duda la integridad y la eficacia de la administración pública. Son trepadores, ¡¡¡nada más ni nada menos!!!

En la Biblia hay diversas menciones a los salteadores, tales como esta que los define: “De cierto, de cierto, les digo: El Ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte…” San Juan 10:1 – 18 RVC

Para el bien de la nación y de los pueblos, estas prácticas deben ser objeto de esfuerzos reformistas para establecer perfiles rígidos que garanticen el arribo al poder de personas capaces, honestas, que respondan a las reales necesidades de desarrollo y bienestar de la población y con plena convicción de servicio público, pero de esto no hay promesas de los candidatos. No hay ninguno que se comprometa a abatir a estos depredadores. ¿Será que son necesarios?

En la práctica, se ha hecho a un lado la exigencia legal de tener un reconocido prestigio enmarcado en la rectitud, en la experiencia y en la capacidad, y a cambio de eso se ha propiciado la discrecionalidad política en el nombramiento de funcionarios y de candidatos, lo que ha abierto las puertas a la llegada de infinidad de oportunistas a conducir los destinos de las mayorías y a hacerse de los recursos públicos. Si pudiéramos hacer una alusión a la expresión de crimen organizado, diríamos sin temor a equivocarnos, que la actividad de este tipo de personas en el ámbito del poder público, actuando al amparo del poder, es el verdadero y más peligroso crimen organizado.

La forma de evitar o disminuir esta severa forma corrosiva de la honorabilidad del servicio público es fomentar el equilibrio de poderes, la transparencia, la autonomía, y desde luego el ejercicio responsable de nuestra obligación ciudadana a la hora de votar. Hay que detener el afán de capturar políticamente a los órganos que tienen que servir de freno al poder, y hacer a un lado a quienes con un desmedido afán de controlar, de centralizar;  de hacer a un lado cualquier obstáculo a la ambición de poder, pretenden disminuir la libertad y hacerle daño a la democracia.

Los salteadores de cargos públicos son todólogos. Sin especialidad ni compromiso ideológico, ni la voluntad de servir, saltan de un cargo a otro a con el único propósito de disponer de poder y de recursos. Este comportamiento corrupto implica una variedad de acciones antiéticas. Los salteadores de cargos públicos pueden participar en el nepotismo asignando puestos importantes a familiares sin considerar su competencia; el clientelismo es otra práctica común, donde se otorgan favores políticos o empleos a cambio de apoyo electoral. También pueden estar involucrados en la malversación de fondos, desviando recursos públicos para su enriquecimiento personal, o en la adjudicación de contratos de manera fraudulenta, favoreciendo a empresas que les brindan sobornos o ventajas personales, etc.

El impacto de tales prácticas es profundamente negativo. Primero, erosionan la calidad de las instituciones públicas. Cuando los cargos se asignan por amistad, negocio o soborno en lugar de mérito, la eficiencia y efectividad de la administración pública disminuyen significativamente. Esto lleva a la implementación deficiente de políticas públicas esenciales, afectando áreas críticas como la salud, educación e infraestructura.

Además, los salteadores de cargos públicos fomentan un ciclo de corrupción que es difícil de romper. Cuando los ciudadanos observan que el éxito dentro del sistema político se basa en la corrupción y no en el mérito o el servicio público, disminuye la motivación para participar en política de manera ética.

Estamos en medio de un proceso electoral y no olvidemos que el derecho al voto implica la responsabilidad ciudadana de escoger a quien garantice honestidad, responsabilidad, conocimiento, capacidad, experiencia y verdadero compromiso con las causas sociales, para erradicar este tipo de corrupción y restaurar la fe en el gobierno.