La relevancia de ser legislador o legisladora

En los últimos años, pero con mayor énfasis en los últimos meses, la población mexicana ha mostrado cierto desenfado por el pobre desempeño de los legisladores por su falta de consistencia y de responsabilidad social.

La sociedad siente que cuando se trata de resolver y definir cuestiones esenciales para la vida pública al aprobar o desaprobar iniciativas de Ley o de reforma de leyes, se hace de manera superficial, sin entrar al fondo, sin preparación, sin argumentación, y de manera poco seria. 

Los legisladores, están investidos de un poder muy importante que se representa en el valor del voto parlamentario. El valor visto desde la óptica de la relevancia social, y no desde la óptica monetaria, aunque hay quienes le dan más importancia a ésta última y ello provoca cambios repentinos de opinión, cambios de fracciones y/o hasta cambio de partidos, como si la ideología o el compromiso social se llevara en la cartera.

En virtud de ese poder, los legisladores suelen ser sujetos de múltiples presiones, acosos, amenazas, tentaciones y ofertas tratando de orientar su voto y lo que la gente quiere ver es la consistencia; la resistencia a ese tipo de incursiones. Quiere ver que se sostengan en lo que ofrecieron en sus campañas políticas, o si existe un cambio en su opinión o su forma de pensar, quiere escuchar las razones que sustentan las decisiones. De otra manera, lo que siente es desconfianza en los legisladores, y desencanto de la política y de los políticos. 

El legislador tiene el poder de hacerse escuchar y hasta puede convencer con sus argumentos para orientar el voto de los demás legisladores en determinado sentido, pero debe estar motivado por el interés general de la nación o de la entidad a la que representa, y a quien debe convencer es a la sociedad; a la población que representa y para quien trabaja, dejando de lado todo tipo de interés particular o de grupo. 

El Legislador es el hacedor de la leyes y en esa virtud, debe ser perceptivo para saber cuándo se requiere cambiar o actualizar una disposición normativa, de conformidad a las necesidades o exigencias sociales cuidando siempre el equilibrio entre el bien colectivo y el bien de los particulares.