Injusticia presupuestal para Zacatecas

“COMO LA SOTA MOZA, PATRIA MÍA, EN PISO DE METAL VIVES AL DIA, DE MILAGRO, COMO LA LOTERIA”.  Con esa estrofa, Ramón López Velarde en su poema “La Suave Patria” le echó en cara a la nación la injusticia que representa la bondad con la que el Gobierno Federal concede a terceros la explotación de los minerales que inundan el subsuelo de nuestra entidad, mientras que a los zacatecanos nos niega, nos quita o nos limita el impulso al desarrollo; como dice el dicho: ¡¡Candil de la calle, oscuridad de su casa!!

Zacatecas brilla en el escenario mundial por la riqueza de sus minas, y presumimos orgullosos de que prácticamente durante toda la historia ha ocupado el primer lugar en producción de plata, pero luego nos preguntamos: ¿qué nos ha dejado a los zacatecanos toda esa riqueza que desde la época de la colonia ha sido extraída? y la respuesta es: Pobreza, enfermedades, insalubridad y falta de desarrollo.

Nos pasa lo que a aquellos ricos que derrochan sus recursos hasta quedarse sin nada, y luego, para sobrevivir, recurren a pedir; pero los zacatecanos no hemos intervenido en el derroche de nuestros recursos; nosotros no hemos participado ni en el otorgamiento de las concesiones ni en la extracción de los recursos. Es el gobierno federal quien, fundado en las disposiciones constitucionales, otorga las concesiones a todo tipo de empresas o personas físicas, sin preocuparse porque alguna parte del valor de lo extraído sirva para crear alternativas sustentables de desarrollo para las regiones explotadas, de manera tal que sólo vemos con tristeza cómo se va disminuyendo irremisiblemente nuestro patrimonio.

Qué le va a pasar a nuestra entidad el día que se acaben los fundos mineros? No es difícil responder, pues sólo basta con asomarse a Veta Grande, Noria de Ángeles, Francisco I. Madero, Chalchihuites, Jiménez del Teúl, y otras poblaciones, que se han convertido en pueblos fantasmas.

Conste que no soy de los que se oponen a que se extraigan los recursos minerales, porque son bienes, y los bienes deben utilizarse para propiciar enriquecimiento y desarrollo; lo que creo es que deben concederse con la participación de las entidades, de manera tal que reciban una parte de los recursos extraídos, a efecto de que generen alternativas de desarrollo sustentables para los pueblos.

Zacatecas depende en gran medida de las participaciones federales. Los ingresos locales sólo representan alrededor del 8% de sus gastos, y por ello la Federación le asigna el 92% para sumar el cien por ciento de sus gastos. Con esta precariedad es evidente que ni el mejor administrador podría atender a las necesidades más urgentes de la población y mucho menos puede orientar recursos al crecimiento económico. En tal virtud, no hay otra alternativa: o la Federación le inyecta más recursos a Zacatecas para impulsar su crecimiento económico sostenible, o le reconoce el derecho de disponer de una parte de sus propios recursos naturales, ahorita que aún tiene, para generar alternativas y dejar de depender de la buena voluntad del Presidente en turno.

La generación de empleos y la atracción de inversiones son esenciales para aumentar los ingresos estatales, pero para que esto se dé hay que invertir en infraestructura y en seguridad y sin recursos no es posible atraer inversión. Con esa finalidad se creó el impuesto minero, del que le correspondía una parte a la entidad y otra a los municipios, particularmente para que se impulsara la generación de alternativas y dejar de depender únicamente de la minería, pero recuerden que ya ni eso nos toca.

No se puede negar que la minería ha sido un pilar económico para Zacatecas, como tampoco se pueden negar los desafíos e inequidades que ha generado. La actividad minera, si no es gestionada de manera sostenible, puede tener impactos negativos en el medio ambiente y en las comunidades locales.
Antes de que se sigan disminuyendo nuestros recursos naturales, bien valdría la pena en reconsiderar las atribuciones federales, los requisitos y alcances de las concesiones que otorga la federación, para orientar recursos hacia las entidades y poblaciones a las que se les priva de sus riquezas naturales.