
Jairo Mendoza.
La movilidad laboral, entendida como el desplazamiento de trabajadores entre sectores, regiones o países en busca de mejores oportunidades, ha cobrado cada vez más relevancia en un mundo globalizado, flexible y competitivo.
Uno de los grandes retos que ha dejado la globalización, derivado de la asimetría en la integración de las diversas economías de las naciones hacia el capital humano mexicano ha sido la movilidad laboral.
La movilidad laboral, entendida como el desplazamiento de trabajadores entre sectores, regiones o países en busca de mejores oportunidades, ha cobrado cada vez más relevancia en un mundo globalizado, flexible y competitivo. Desde una perspectiva crítica, este fenómeno representa tanto una posibilidad de progreso como una expresión de desigualdades estructurales.
Por un lado, la movilidad laboral puede ser un motor de desarrollo individual y económico. Permite a los trabajadores acceder a empleos mejor remunerados, mejorar sus competencias y adaptarse a nuevas dinámicas del mercado. En contextos de desempleo o crisis local, migrar o cambiar de sector representa una vía de supervivencia y crecimiento.
Sin embargo, esta aparente libertad está condicionada por factores como la precariedad laboral, la falta de seguridad social, la informalidad y la discriminación. Muchos trabajadores migrantes o desplazados enfrentan condiciones laborales injustas, desarraigo y barreras culturales o legales. La movilidad, lejos de ser una elección libre, a menudo es una necesidad forzada por la falta de oportunidades dignas en el lugar de origen.
Además, en países del Sur Global, la fuga de talento hacia economías más desarrolladas plantea un dilema: mientras las remesas son vitales para muchas familias, la pérdida de profesionales cualificados debilita el desarrollo local. En lo interno, la movilidad entre sectores puede dejar áreas esenciales como la educación o la salud sin personal suficiente.
En conclusión, la movilidad laboral no puede analizarse sólo como una tendencia positiva del mercado. Es necesario equilibrarla con políticas que garanticen derechos laborales, fomenten la equidad territorial y promuevan el desarrollo integral de las regiones de origen. Solo así la movilidad dejará de ser un síntoma de desigualdad para convertirse en una verdadera oportunidad de bienestar.