El brutal ataque sexual contra Arely, una niña de apenas 10 años en Tabasco, Zacatecas, ha dejado al descubierto uno de los debates más dolorosos y frustrantes de nuestro sistema legal. La indignación social es legítima y el dolor comunitario, profundo. Sin embargo, la cruda realidad jurídica nos ha dado un golpe de realidad: el presunto agresor, al tener 13 años, pertenece al primer rango de edad de la Ley de Justicia para Adolescentes. Por mandato legal, no pisará la cárcel; su proceso y tratamiento se llevarán a cabo de forma diferente.

Ante la imposibilidad de una sanción tradicional, el entorno social exige respuestas. El Fiscal General del Estado, Cristian Camacho ya ha advertido sobre la amenaza de linchamiento y justicia por propia mano en las redes sociales. Es una reacción humana comprender la rabia, pero ceder a la barbarie del ojo por ojo solo fragmenta aún más a una sociedad ya de por sí herida. El linchamiento no repara el daño a Arely; solo multiplica la violencia.

Este trágico escenario no debe resolverse con violencia, sino con un replanteamiento profundo de nuestras leyes e instituciones. El caso de Arely es un llamado urgente a nuestros legisladores para rediseñar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de apoyar a las instituciones encargadas en la materia.

La legislación vigente parece haberse quedado rezagada frente a la crudeza de las problemáticas actuales. Hoy en día, las infancias y adolescencias se desenvuelven en entornos severamente impactados por la desintegración familiar, las adicciones y la violencia. Cuando un niño de 13 años es capaz de cometer una agresión de esta magnitud, el Estado no puede limitarse sin ofrecer alternativas reales de contención y reinserción.

Ambas familias involucradas comparten un contexto de alta vulnerabilidad. Esto no justifica el acto, pero sí evidencia que el tejido social en muchas de las comunidades está roto. Necesitamos herramientas legales más efectivas. Reformar la ley no significa necesariamente criminalizar la niñez, ni masificar el internamiento, sino dotar al Estado, mediante sus instituciones como al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de mayor atención, presupuesto, así como de mecanismos de prevención e intervención temprana, psicológica y social que realmente garanticen la no repetición y protejan a las víctimas.

La prioridad absoluta en este momento debe ser el acompañamiento integral, médico y psicológico para la pequeña Arely y su familia. Pero la deuda a largo plazo es institucional. Si las leyes actuales nos atan las manos ante la atrocidad, entonces la ley debe cambiar. No podemos permitir que la justicia se convierta en una utopía burocrática ni que la impunidad termine por normalizar la violencia en Zacatecas.

@jairomendoza