El Runrún: Viene una fuerte crisis en el Congreso local

Maribel Villalpando, secretaria de Educación.
Maribel Villalpando, secretaria de Educación.

Más allá del riesgo de que el personal del Congreso local no cobre esta quincena, se viene una fuerte crisis para los legisladores locales. El Cepillo José Luis Figueroa fue el primero en sentir el peligro. Sabe que todos los desacuerdos, reclamos y manejo de recursos les pasarán una factura muy cara, y que en … Leer más

Más allá del riesgo de que el personal del Congreso local no cobre esta quincena, se viene una fuerte crisis para los legisladores locales. El Cepillo José Luis Figueroa fue el primero en sentir el peligro. Sabe que todos los desacuerdos, reclamos y manejo de recursos les pasarán una factura muy cara, y que en la Nueva Gobernanza harán lo posible por fincar algún tipo de responsabilidad a los “chivos expiatorios”. Para el gabinete de David Monreal, los legisladores debieran estar trabajando en la reforma al Issstezac, la solicitud de refinanciamiento de la deuda del estado, la elección en Derechos Humanos y otros asuntos de verdadera relevancia para el estado. En lugar de eso, la bancada morenista pidió cerrar la llave de dinero hasta que se defina si el Órgano de Administración y Finanzas les toca a ellos con Armando Delgadillo o a Priscila Benítez. Los más de 200 burócratas de la Legislatura no podrán cobrar hasta que el TRIJEZ resuelva el caso, aunque el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, buscaba cabildeos para que sí se le pague a los trabajadores.

“Corresponsables”
Higinio Estrella, cabecilla sindical, reclamó a los diputados morenistas por la situación. Le habrían respondido que los sindicalizados también tendrían “corresponsabilidad”, es decir, asumir su papel como personal del Poder Legislativo, tanto en las buenas como en las malas. Y en este caso, esperar a que el TRIJEZ resuelva la controversia, lo que puede llevar hasta más de una semana. Si hubiera un Órgano Interno de Control, la disputa por finanzas se habría resuelto internamente, sin necesidad de acudir al tribunal. El grupo que lidera Maribel Galván alega que la “nueva mayoría” sigue resentida porque no revivieron las herramientas legislativas y minimiza el posible retraso en los pagos al personal. Insisten que los salarios en la Legislatura son buenos y que a la larga lo que buscan es evitar malversación de recursos. Cuenta la leyenda que un burócrata les reclamó a los morenistas porque tenía que pagar una mensualidad de su coche, de más de 10 mil pesos.

Desacato en la Secretaría de Educación
Cuenta la leyenda que desde la misma Jefatura de Oficina del Gobernador le llamaron a la secretaria de Educación, Maribel Villalpando. Le pidieron que liberara el puesto que tiene su particular Clara Verónica Delgado, pues ya era un espacio prometido para Alfredo Sánchez, uno de los profesores que participaron activamente en el movimiento D21. Hasta el momento no han acatado la instrucción. Incluso Villalpando le rechazó un par de veces la renuncia a su particular. Le tiene muchísima confianza y aprecio.

El denunciador
Incluso ya con apoyo de grupos de Saúl Monreal, Rosendo Arturo González se perfila para dirigir la 34 del SNTE y exige que la gente de Soralla Bañuelos por fin saque la convocatoria. Rosendo se jacta de ser de los que ha denunciado abiertamente la asignación de claves y plazas irregulares y conocer a fondo las necesidades de los maestros. El grupo de Soralla prepararía un cambio de estrategia y es probable que Jerónimo Sarmiento no sea finalmente su candidato.

Runrunazos
Un tal Hebert de la Cruz, exfuncionario en la presidencia de Jerez, tiene presuntos antecedentes de comportamiento violento. En un caso que investigaba la CDHEZ, salió por ahí un testimonio que decía que Hebert había atacado a una trabajadora del ayuntamiento con una perforadora. Como no era el tema principal del caso, ese testimonio simplemente se desechó. ** “(…) Pero también cuidamos a los integrantes de las bandas (criminales) son seres humanos”, dijo el Presidente de la República en una conferencia. Y no tardaron en surgir críticas contra la política de abrazos no balazos. “¿Y quén cuida de la gente?”, cuestionaba la senadora Claudia Anaya. En Zacatecas, hay dos instancias que han tenido que defender a presuntos criminales con acusaciones muy delicadas: una es Derechos Humanos de Luz Domínguez, a la que algunos en la Fiscalía ya ven como una especie de estorbo; y la otra es la Defensoría Pública, confiada a Pablo Mercado, quien por cierto mantiene acusaciones por fraude, derivado de la venta de terrenos irregulares.