El Runrún: Transporte público zacatecano, hundido en corrupción e impunidad constante

El transporte público en Zacatecas no sólo está atrasado tres décadas, como reconoce el subsecretario Javier Reyes Romo; está atrapado en un mar de corrupción que lo ha convertido en un negocio privado sostenido por la simulación y la impunidad.
El dato revelado por el propio funcionario es demoledor: más del 60 por ciento de las 1 mil 300 concesiones de taxi en la zona metropolitana están subarrendadas, pese a que la ley lo prohíbe y pese a que cada permiso implica una responsabilidad directa frente al Estado y a los usuarios.
Este fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más descarado. Ex servidores públicos y políticos acumulan hasta 15 concesiones de taxi, especialmente en Guadalupe, donde operan una empresa familiar con grandes beneficios por debajo de la Ley, usufructuando un patrimonio público que debería estar orientado al servicio y no a la generación de rentas clandestinas.
El mercado negro de concesiones —aceptado, tolerado y, durante años, protegido— ha desmontado cualquier principio mínimo de legalidad. La ley existe, pero no opera; las reglas están escritas, pero no se aplican; y el usuario, como siempre, es el que paga la factura.
La falta de inversión, la nula renovación de unidades y la obsolescencia de más de la mitad del parque vehicular no son sólo fallas técnicas: son síntomas de una estructura corrompida en la que los permisos se heredan, se rentan y se negocian como si fueran un patrimonio familiar.
Mientras no se rompa este circuito de complicidades, ningún Platabús, subsidio o proyecto moderno podrá enderezar un sistema que desde su base está podrido. Zacatecas merece movilidad, no mafias.

Crisis interna municipal agrava riesgo social en Tepechitlán
La crisis política que hoy envuelve a las autoridades de Tepechitlán ha dejado de ser un simple desacuerdo administrativo para convertirse en un peligro real para la estabilidad del municipio.
Las fuertes diferencias entre el alcalde Adolfo Cortés Santillán y la síndica Elsa Luna Arellano ya rebasaron lo institucional, y han paralizado al ayuntamiento, dejado sin salario a sus trabajadores y obligado a solicitar la urgente intervención del Auditor Superior del Estado.
No se trata únicamente de una disputa personal, sino de un conflicto que ha derivado en ingobernabilidad plena. El cierre del palacio municipal por siete días y la incapacidad de firmar documentos básicos, como los relacionados con la dispersión de nómina, muestran un nivel de deterioro que no puede normalizarse.
Cuando la confrontación entre autoridades deja sin sueldo a empleados y sin servicios a la población, la política se convierte en irresponsabilidad. El clima de tensión y desconfianza entre el alcalde y la síndica no sólo inhibe acuerdos, sino que amenaza con escalar hacia escenarios más graves.
Si esta crisis no se atiende con inmediatez y firmeza, Tepechitlán podría enfrentar una desgracia mayor, donde la ciudadanía termine pagando las consecuencias de una lucha de poder que jamás debió llegar tan lejos. No se trata sólo de gobernabilidad, sino de un auténtico riesgo social que hoy alienta el PRD Estatal, que apoya y defiende al alcalde Adolfo Cortés Santillán.

También en Villanueva, el Gobierno municipal alimenta la crisis
Villanueva vive una crisis que ya no puede ocultarse ni reducirse a comunicados oficiales. Los graves problemas políticos y sociales que amedrentan a la población han escalado hasta niveles insoportables, y la incapacidad —o desinterés— del alcalde Rogelio González “Chailito” sólo añade combustible al conflicto.
Su intención de descontar hasta un mes de salario a los trabajadores municipales, bajo el argumento de “ahorrar”, exhibe una administración desconectada por completo de la realidad que viven sus habitantes y de la responsabilidad que implica gobernar.
A la par, el municipio vuelve a ser escenario de emboscadas contra corporaciones de seguridad. La agresión sufrida por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata confirma que la región sigue en una peligrosa disputa criminal que el alcalde parece no sólo ignorar, sino alentar con su desorden gubernamental.
Por fortuna, la actuación de la Fiscalía General de Justicia, particularmente desde su área de inteligencia, ha permitido obtener resultados relevantes como la detención de cuatro presuntos generadores de violencia tras el más reciente ataque.
Pero estos avances no corrigen la raíz del problema: un gobierno local debilitado y sin autoridad moral. Mientras “Chailito” continúe abonando al caos, los esfuerzos estatales solo funcionarán como contención temporal, no como una solución duradera para Villanueva.

Runrunazos
Ulises Mejía Haro sigue consolidándose como el mejor posicionado en Zacatecas, según múltiples encuestadoras. Estudios recientes de De las Heras dan al diputado federal un 23% de intención de voto, el más alto entre prospectos. Rubrum también lo coloca como favorito interno en Morena con un 35.3% de apoyo. Incluso SRC reporta que lidera su partido con 30.1%. Estos datos reflejan una clara ventaja competitiva para Mejía Haro rumbo a la contienda de 2027.
El PRD Estatal en Zacatecas se ha convertido en una simple organización cacha votos dispuesto a cualquier alianza con tal de no perder el registro, aun a costa de su dignidad política. Las declaraciones de Néstor Santacruz, abierto a sumar a MC o PT y hasta considerar a Arturo Nahle como figura central, exhiben un partido sin rumbo. Mientras sus dirigentes se involucran en disputas ajenas y reclaman exclusiones, el PRD confirma que su prioridad es sobrevivir, no representar.