

Ulises Mejía lidera la carrera con comodidad como aspirante de Morena. | Foto: Cortesía.
El Runrún de hoy, viernes 14 de noviembre del 2025.
Las manifestaciones magisteriales de 1997 en Zacatecas marcaron un punto de quiebre político que aún define la memoria colectiva del estado. Aquel año miles de docentes tomaron las calles para exigir respeto laboral, mejores condiciones educativas y un alto a los abusos de un sistema político que parecía no escuchar.
La fuerza social acumulada terminó por convertirse en un movimiento más amplio, capaz de fracturar la hegemonía priista y abrir paso a una alternancia inédita. El triunfo de Ricardo Monreal y del PRD en 1998 no puede entenderse sin la energía, la indignación y la organización de las y los maestros.
Hoy, casi tres décadas después, el clima comienza a recordar inevitablemente aquel episodio. El gobierno de Morena en Zacatecas enfrenta un profundo desgaste y un magisterio que se siente ignorado, maltratado y obligado nuevamente a movilizarse. Las calles, otra vez, son el espacio natural donde se expresa la frustración.
La historia no se repite exactamente, pero sí advierte. Cuando un gobierno (como el de Morena en Zacatecas) minimiza las demandas de quienes sostienen la educación pública, abre la puerta a un descontento que no se disipa, sino que se transforma en fuerza política. Zacatecas ya lo vivió una vez; el presente sugiere que podría vivirlo de nuevo. Y el cambio no necesariamente estaría en otro partido político, pero sí en otra fuerza política.
GobernArte confirma pérdida del control político en el gobierno
La política zacatecana parece haberse adelantado varios capítulos respecto a los tiempos formales del calendario electoral. Las cifras más recientes de GobernArte no sólo confirman este aceleramiento, sino que revelan un hecho que hoy pocos se atreven a discutir abiertamente: el gobierno estatal ha perdido la fuerza política necesaria para mantener el control de su propio movimiento y de las instituciones que alguna vez operaron bajo su órbita.
El estudio demoscópico muestra que Morena conserva la delantera rumbo a 2027, pero el verdadero dato político no es la fuerza del partido, sino quién encabeza esas preferencias. Ulises Mejía Haro —identificado como parte de la oposición interna al grupo político que hoy ocupa la silla— lidera la carrera con comodidad, muy por encima de las figuras cercanas al grupo en el poder.
Es decir, la estructura formal del gobierno ya no marca rumbo; el liderazgo se ha desplazado hacia actores que representan un proyecto distinto, y a veces abiertamente contradictorio, al que hoy ocupa la administración estatal.
En este escenario, los futuristas lo entienden: no hay reversa. El gobierno no tiene la iniciativa. Las preferencias no sólo miden intención de voto, sino el colapso de un control político que, a estas alturas, parece imposible recomponer.
Acuerdos con normalistas revelan desgaste político
La liberación del bulevar López Portillo, tras dos días de parálisis y tensión social, no fue producto de una estrategia gubernamental clara, sino del desgaste acumulado que obligó a la autoridad a y a los normalistas de San Marcos a ceder.
Los acuerdos alcanzados, aunque necesarios para restablecer la movilidad, muestran nuevamente que la gestión estatal llega tarde, reacciona bajo presión y carece de una conducción política sólida. Los estudiantes, históricamente organizados y persistentes, entendieron que la única vía para ser escuchados era la protesta escalonada, y al final lograron abrir un espacio de diálogo.
Sin embargo, el trasfondo más preocupante es la forma en que el gobierno dejó crecer el conflicto hasta convertirlo en un problema que afectó a miles de zacatecanos, generando irritación social, la cual no necesaria es contra los manifestantes.
Que el bulevar se libere es positivo; que haya sucedido sólo después de un embudo crítico demuestra una administración comprometida. Hoy los acuerdos representan más un respiro que una solución de fondo.
Presupuesto 2026 perfila maniobra electoral en Zacatecas
El anuncio que ayer hizo el gobernador David Monreal sobre el incremento del 10 por ciento al presupuesto de los municipios llega en un momento políticamente determinante, justo para el año del arranque formal del proceso electoral.
Más allá del discurso institucional pronunciado durante la clausura del encuentro estatal y municipal del DIF, la lectura política es inevitable. En Zacatecas, el manejo de los recursos públicos siempre ha marcado diferencias, y hoy vuelve a hacerse visible, con matices que llaman la atención, particularmente la ausencia de la capital entre las prioridades distinguidas.
El gobierno estatal ha decidido apostar por reforzar la política social, el campo y la seguridad como ejes centrales del Paquete Económico 2025. Esa definición, aunque legítima, también coloca al Ejecutivo como el principal distribuidor de apoyos en un año en que la disputa por los municipios —y por la gubernatura— comenzará a calentarse.
Programas como Corazón Contento, que operan bajo un esquema de peso a peso, adquieren entonces un doble filo: fortalecen la intervención social, pero también permiten construir alianzas coyunturales.
El llamado a una plenaria municipalista confirma esta ruta. El mensaje es claro, ya que quien no se sume quedará fuera de los beneficios. En esta lógica, la política y el presupuesto vuelven a caminar de la mano. Justo cuando arrancará el proceso electoral.
Runrunazos
La decisión de Everardo Ramírez Aguayo, dictada por instrucciones superiores, de postularse a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es una jugada calculada del gobierno. Más que fortalecer la institución, busca consolidar un brazo aliado en tiempos de desgaste político.
Siempre que ocurre un bloqueo, la policía vial parece empeñada en agravar el caos en lugar de administrarlo. Cierran calles y accesos de manera indiscriminada, incluso cuando existen rutas alternas perfectamente transitables, como si su tarea fuera aumentar la molestia ciudadana más que resolverla. Uno no sabe si actúan así por una estrategia deliberada —para que el enojo social recaiga en los manifestantes— o simplemente por incapacidad para gestionar escenarios de conflicto. Lo cierto es que, con cada cierre innecesario, confirman que la falta de criterio también puede convertirse en un obstáculo para la movilidad.
