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El Runrún

El Runrún: Comienza disputa por presidencia de Derechos Humanos de Zacatecas

El Runrún: Comienza disputa por presidencia de Derechos Humanos de Zacatecas

Maricela Dimas, presidenta de la CDHEZ. | Foto: Cortesía.

El Runrún de hoy, viernes 31 de octubre del 2025.

Grupo Imagenzac
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31 de octubre 2025

La apertura del registro de aspirantes para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos marca el inicio de una contienda política que trasciende el mero ámbito institucional. Por primera vez, quien resulte electo ocupará el cargo durante cuatro años, un periodo que exige independencia, autoridad moral y compromiso con la defensa real de los derechos fundamentales.
Sin embargo, el proceso ya muestra claros signos de alineamiento político. Maricela Dimas Reveles, actual presidenta, busca perpetuarse en el cargo pese a cuestionamientos sobre su desempeño académico y su cercanía con grupos políticos identificados con Ricardo Monreal. Su gestión ha sido percibida más como un apéndice del poder que como una voz crítica y autónoma.
En contraste, se perfila la candidatura de Everardo Ramírez Aguayo, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, quien contaría con el respaldo del actual gobierno estatal. Todo indica que los votos mayoritarios de Morena inclinarán la balanza, confirmando que el control institucional sigue siendo prioridad política.
La defensa de los derechos humanos debería estar alejada de intereses partidistas, pero en Zacatecas parece que esta elección volverá a ser una disputa por cuotas de poder, más que por principios y compromiso social. Cuatro años de Presidencia no son para nada despreciables en la nómina del organismo.

Ayuntamientos enfrentan presiones financieras al cierre anual
La aprobación de la Ley de Ingresos 2026 en el municipio de Zacatecas refleja, por un lado, cumplimiento legal y planeación financiera. Con 853 millones 212 mil pesos contemplados y la promesa de no generar nuevos impuestos, el ayuntamiento parece encaminado a garantizar los servicios municipales.
Sin embargo, el hecho de que planee solicitar un adelanto de participaciones por 40 millones de pesos revela una dependencia adicional que podría ser señal de cautela ante la incertidumbre económica.
En contraste, Guadalupe, aunque aún no cuenta con la aprobación formal de su Ley de Ingresos, demuestra una disciplina financiera destacable, ya que no solicitará adelantos y prioriza el manejo responsable de los recursos. La administración de Pepe Saldívar ha logrado mantener estabilidad, atender necesidades ciudadanas y cumplir obligaciones sin recurrir a ingresos adelantados, incluso frente a deudas heredadas.
Este contraste evidencia que no basta con aprobar presupuestos; la estrategia financiera define la solidez municipal. Zacatecas actúa con previsión, pero recurre a recursos futuros, mientras Guadalupe apuesta por la austeridad y la eficiencia.
La comparación invita a reflexionar sobre la prudencia en la gestión pública, ya que la planeación responsable no siempre requiere adelantos, y la disciplina puede ser el mejor seguro contra la volatilidad económica.

Nuevos paros agravan problemas del rector de la UAZ
Los dolores de cabeza para el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ángel Román, parecen no tener fin. Apenas comienza a enfrentar las consecuencias del paro laboral que paralizó a varias unidades académicas hace dos semanas, y ahora la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA) anuncia un nuevo paro para este viernes 31 de octubre, sumándose a la ola de inconformidades.
Lo preocupante no es solo la multiplicación de los paros, sino que reflejan un malestar profundo y estructural entre el personal académico.
Los docentes advierten que sus derechos laborales han sido vulnerados y que la seguridad en el empleo sigue siendo incierta, situación que obliga a la administración universitaria a actuar con rapidez y claridad.
Aunque el paro será temporal y pacífico, deja en evidencia la fragilidad de la relación entre la rectoría y los profesores, y cómo los problemas no resueltos en semanas recientes continúan afectando a la comunidad estudiantil.
La UAZ necesita más que comunicación; requiere soluciones concretas que garanticen justicia y estabilidad laboral. Hasta que esto ocurra, cada unidad que se sume al paro será un recordatorio de que los desafíos para Ángel Román son constantes y cada vez más difíciles de contener. La paciencia y la confianza de estudiantes y académicos están en juego.

Ángel Román, rector de la UAZ.
Ángel Román, rector de la UAZ. | Foto: Cortesía.

Serios problemas en el Control Escolar de la UAZ
La crisis en la entrega de títulos universitarios en la UAZ muestra que los problemas no solo recaen en el rector Ángel Román Gutiérrez, sino que el Departamento Escolar Central, encabezado por Samanta Bernal, también juega un papel crítico en los retrasos.
Casi tres años de espera para que los estudiantes obtengan su documentación refleja un sistema estancado, donde los mismos vicios de casi una década continúan afectando a quienes buscan avanzar profesionalmente.
Es evidente que la concentración de poder en esta área ha generado un cacicazgo que requiere urgente oxigenación. La falta de transparencia, comunicación y eficiencia administrativa pone en riesgo la credibilidad de la institución y limita seriamente las oportunidades laborales de los egresados.
Si la UAZ desea superar estos obstáculos, es indispensable que se reorganicen estas áreas, con liderazgo comprometido y prácticas que prioricen a los estudiantes sobre los intereses internos. Y que dejen de hacer favores a los alumnos favoritos porque para eso si es eficiente.

Runrunazos
En Sesión Pública, el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, presidido por el magistrado José Luis Hernández Ugalde e integrado por las magistradas Vania Vaquera Torres y Celia Nayeli Juárez Castro, aprobó por unanimidad el Reglamento de Quejas y Denuncias, así como el Reglamento Interior de este Tribunal. El Reglamento de Quejas y Denuncias tiene como propósito normar el trámite, investigación, resolución y seguimiento de las quejas y denuncias contra personas servidoras públicas del Poder Judicial, garantizando el debido proceso, la imparcialidad, la independencia judicial y la rendición de cuentas, conforme a la Constitución y leyes aplicables.

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