El Runrún: CATEM Zacatecas nombra a Julia Olguín

La designación de la diputada federal Julia Olguín como nueva líder de la CATEM en Zacatecas es una clara negociación entre el dirigente nacional Pedro Haces Barba y el diputado Ricardo Monreal Ávila. Lo que debería ser un acto de representación sindical transparente se convierte en un reflejo de amnesia selectiva.
No se puede obviar que Julia Olguín fue inhabilitada diez años en 2005 por la entonces contralora Julieta del Río Venegas, al ser acusada de venta de concesiones de transporte público y peculado, y entonces la resolución estuvo avalada por Eduardo Romero Ramos, en aquel tiempo secretario de la Función Pública federal.
Tampoco se debe olvidar que, luego de estar fuera de México para que el tiempo pasara, regresó a ser candidata a diputada federal por Morena, y la polémica que levantó su candidatura, fue porque fue postulada por identidad afrodescendiente, lo que resulta una auténtica mentira.
A pesar de este historial, la diputada Julia Olguín reaparece en Zacatecas “con la frente en alto”, tras un prolongado periodo fuera del estado y una estancia en Estados Unidos. Ahora, en medio de la presión sobre la CATEM por presunta extorsión, Pedro Haces opta por colocarla al frente de la organización en el estado.
Más allá de la legalidad de su nombramiento, lo preocupante es la señal que envía la organización a los militantes de Morena, y es que el pasado puede borrarse con ambición política y que la memoria colectiva de los ciudadanos es secundaria frente a intereses partidistas.
Que una persona con acusaciones documentadas de corrupción y polémicas cuestionables aspire a la gubernatura muestra la urgente necesidad de revisar los criterios de liderazgo sindical y político en Zacatecas.

Sindicatos educativos zacatecanos forman frente unido
Mientras el poder político en Zacatecas coloca a Julia Olguín al frente de la CATEM, en paralelo se gestan movimientos más silenciosos, pero de alto impacto en otro frente: el de la educación. La conformación del Frente de Sindicatos Unidos por la Educación refleja que, cuando la negociación y el diálogo con las autoridades no funcionan, la unidad entre trabajadores se vuelve indispensable.
Este frente de sindicatos simboliza la capacidad de los docentes para organizarse presión sobre sus demandas. Adeudos que superan los 370 millones de pesos en la Universidad Autónoma de Zacatecas y violaciones al Contrato Colectivo son la punta del iceberg de un conflicto más profundo que amenaza la estabilidad de la educación pública en el estado.
Igualmente el desdén por el Supdacobaez y la presión ejercida contra el dirigente del Sindicato de los Cecytez, son muestras claras de la necesidad de unidad entre las agrupaciones. Para el gobierno del estado, la problemática que encabece Julia Olguín no será tan radical como la que ahora tienen los sindicatos unidos.
Este frente es un recordatorio de que la defensa de derechos laborales no puede delegarse a la buena voluntad de las autoridades. Los sindicatos del SPAUAZ, SUTIZEA, Supdacobaez y otros están enviando un mensaje de cohesión no sólo en las relaciones laborales, sino en la sucesión gubernamental que ya está en marcha.
Mientras unos reciben promoción política, otros luchan por garantizar condiciones dignas para educadores y estudiantes, demostrando que la verdadera fuerza emerge de la unidad.

González Romo podría violar la Constitución
Ernesto González Romo, al difundir que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó la auditoría a los recursos del gobierno estatal sin encontrar observaciones, incurrió en un acto que merece atención crítica.
La publicación de este resultado en un documento personalizado, en lugar de un boletín oficial, trasciende la mera información institucional y se acerca a la personalización de la propaganda gubernamental.
El artículo 134 constitucional es claro: la difusión de logros de gobierno debe ser de carácter genérico, sin fines personales ni electorales, y queda restringida durante periodos de campaña o en jornadas electorales.
Al presentar los resultados de la ASF bajo su nombre, y no como parte del órgano institucional, González Romo podría haber vulnerado esta disposición, aunque el contenido sea veraz. La intención o percepción de promoción personal es suficiente para generar cuestionamientos sobre la legalidad del acto, especialmente en un contexto político donde la visibilidad y la narrativa de los funcionarios son claves.
Este caso ilustra un dilema recurrente en la comunicación pública: la línea entre informar sobre la gestión estatal y autopromocionarse es sutil, pero jurídicamente significativa. La ASF reporta, el gobierno comunica, pero el medio y la forma pueden transformar un hecho administrativo en un posible incumplimiento electoral, susceptible de impugnación ante la autoridad competente.
La publicidad oficial no debe ser usada para promover a un funcionario público en particular ni para promocionar sus aspiraciones políticas. Por esa razón, lo que pudo ser una enorme alegría, hoy es un hecho de mucha incertidumbre por ser violatorio de la ley.

Runrunazos
La diputada Ana María Romo Fonseca propuso un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para que sancionen y apliquen medidas de prevención ante la colocación de espectaculares, pinta de bardas y otras propagandas electorales anticipadas. En clara referencia a las bardas y lonas del secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que este tipo de promociones evidencian la desesperación de los actores políticos.