Unos no servían, otros nunca llegaron: ¿cuántos de los 800,000 murieron por eso?

Durante la mañanera presidencial del viernes pasado, la secretaria de Anticorrupción y del Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó dos casos que exhiben el desorden sanitario y financiero heredado del sexenio anterior: el de los ventiladores defectuosos Philips y el de los 1,000 adquiridos por el INSABI. Ambos reflejan la improvisación y la falta de control con que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador manejó la emergencia por COVID-19.

En el primer caso, la Cofepris, dirigida por José Novelo Baeza y bajo la supervisión del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, autorizó la compra de varios modelos de ventiladores Philips, luego señalados por la FDA en 2021 por liberar gases y partículas tóxicas. A pesar de la alerta, continuaron usándose y vendiéndose en México, aun cuando desde mayo de 2023 carecían de registro sanitario. Incluso se ofrecían por internet. La Cofepris abrió procedimientos, pero el gobierno no ha informado cuántos aparatos fueron retirados ni a quiénes sancionó.

El segundo caso muestra la otra cara del desastre: el fraude. El INSABI, dirigido por el tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar, firmó el 4 de abril de 2020 un contrato con Viva Enterprises Limited, empresa inglesa dedicada al comercio de electrodomésticos, no de equipos médicos. El acuerdo fue por 1,000 ventiladores a un costo de 59.2 millones de dólares, ¡pagados por adelantado! Esa cifra equivalía a casi tres años y medio del total de ventas anuales de Viva, que promediaban 17 millones de dólares, lo que hacía evidente el riesgo financiero y la falta de supervisión técnica antes de aprobar el pago. A pesar de esas señales evidentes de riesgo, nadie revisó la capacidad financiera ni la experiencia técnica de la empresa antes de transferirle el dinero.

De los 1,000 ventiladores, solo se entregaron 50. Viva alegó haber enviado otros 465 a través del intermediario estadounidense Encore Health, especializado en servicios respiratorios. Sin embargo, el INSABI comprobó que ninguno llegó a México. Faltaron 650 equipos, y la empresa solo devolvió 17.7 millones de dólares, el valor de unos 300 aparatos. El resto —41.4 millones— sigue en litigio ante tribunales de Londres, con juicio programado para enero de 2026.

La responsabilidad política y moral de estos abusos y de las muertes que ocasionaron recae en el gobierno de AMLO y en los que autorizaron compras sin control. Pese a su responsabilidad, Ferrer Aguilar es hoy embajador de México ante la UNESCO, con un salario de casi 216 000 pesos mensuales.

No fue la pandemia la que falló y causó casi 800 000 muertes; fue el gobierno de AMLO.

La presidenta Sheinbaum y la secretaria Buenrostro merecen reconocimiento por exhibir estos casos, pero ya no basta con repetir que “la investigación está en la FGR”, cuando responden cada vez que se les pregunta por el avance. Es ingenuo creer que desconocen los detalles. El país tiene derecho a saber cuántos ventiladores defectuosos siguen en hospitales, cuántos millones se han recuperado y quiénes serán sancionados.

Claudia Sheinbaum puede marcar una diferencia real con la opacidad del pasado. Si enfrenta la verdad con datos, podrá convertir estos escándalos en un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. México lo necesita.

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