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07 de diciembre

07 de diciembre

Seguridad y calentamiento global

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Antonio Sánchez González.

Desde la reunión del G20 en Roma hasta la COP26 en Glasgow, la conversación mundial sobre cambio climático y energía revela una realidad fundamental: todos quieren salvar al planeta, pero nadie quiere que aumenten las facturas que los ciudadanos debamos pagar por la energía. En su Declaración de Roma, los líderes del G20 subrayaron su compromiso de garantizar una “transición justa y ordenada de nuestros sistemas energéticos que garantice un precio asequible, incluso para los hogares y las empresas más vulnerables”.

 

En la COP26 en Glasgow, el presidente Joe Biden, de Estados Unidos, fue aún más enfático al puntualizar la necesidad de presionar a la OPEP y Rusia para que extraigan más petróleo y así contener el aumento global de los precios de la energía. Por irónico que parezca, los líderes del mundo piden un aumento en la producción de combustibles fósiles, al tiempo que se comprometen a aumentar las medidas destinadas a proteger al mundo del cambio climático.

 

La energía es un tema complejo. Detrás de simples gestos cotidianos, como encender una luz o llenar el tanque de gasolina de un auto, se encuentran tecnologías e infraestructuras complejas, que a menudo conectan países distantes o incluso continentes diferentes. Se requieren muchos pasos técnicos para extraer, procesar, transportar y distribuir fuentes de energía tradicionales, como el petróleo y el gas.

 

Del mismo modo, se requieren muchos pasos para capturar la energía del sol, el viento o el agua y distribuirla a nuestros hogares, industrias o automóviles. La gobernanza energética no es menos complicada que sus aspectos técnicos. Dado que la energía es el alma de nuestras sociedades modernas, los gobiernos han desempeñado tradicionalmente un papel importante en este sector, impulsados por diferentes objetivos, como garantizar un suministro de energía fiable y asequible para los ciudadanos.

 

La naturaleza multifacética de la política energética puede ser trazada por un triángulo cuyas cumbres son la seguridad, la competitividad y la sostenibilidad. La seguridad energética está vinculada a la disponibilidad ininterrumpida de energía. Tiene dimensiones tanto a largo como a corto plazo. La seguridad energética a largo plazo requiere de inversiones oportunas para proporcionar energía de acuerdo con las necesidades de la sociedad. La seguridad energética a corto plazo se centra en la capacidad del sistema energético para reaccionar rápidamente ante los cambios repentinos en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Como la energía es vital para el funcionamiento de nuestras sociedades, la seguridad energética es una prioridad para cualquier gobierno del mundo.

 

La competitividad energética está vinculada a la accesibilidad de los precios de la energía para las empresas y los hogares, así como a su competitividad internacional. Como la falta de competitividad energética puede empujar a parte de la población a la pobreza energética y socavar la competitividad económica e industrial de un país, esta es también una prioridad clave para los gobiernos.

 

La sostenibilidad consiste en reducir o, idealmente, mitigar por completo los efectos adversos de la exploración, la producción y el consumo de energía sobre el clima y el medio ambiente. La quema de combustibles fósiles, que todavía representan el 80% de la producción energética mundial, es el principal impulsor del cambio climático.

 

Los gobiernos están prestando cada vez más atención a este tema, como lo demuestra la ola de compromisos de neutralidad climática en los últimos años. En un mundo ideal, estos tres componentes estarían perfectamente equilibrados y los países podrían ofrecer a sus ciudadanos un sistema energético seguro, competitivo en costos y ambientalmente sostenible.

 

En vista de la urgente necesidad de intensificar las medidas adoptadas para combatir la amenaza existencial del cambio climático, la implementación de políticas energéticas que cumplan simultáneamente con los objetivos de seguridad, competitividad y sostenibilidad puede considerarse como uno de los desafíos más aflictivos que enfrentan los gobiernos en el siglo XXI.

 

También hay urgencia porque, como ilustra claramente la actual crisis energética mundial, si el equilibrio se ve perturbado por un factor externo, el reequilibrio siempre hará que la seguridad y la competitividad tengan prioridad sobre la sostenibilidad.

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