Rosarito, epicentro del nuevo escándalo morenista ligado a Los Mayos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó ayer un nuevo golpe contra redes criminales mexicanas al sancionar a siete individuos y quince empresas ligadas a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. El golpe no solo exhibe tráfico de fentanilo, metanfetaminas y lavado de dinero en Playas de Rosarito, Baja California, también coloca en el centro del escándalo a Morena. Entre los sancionados está Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal y alcaldesa de Rosarito (octubre de 2019 a agosto de 2024), acusada de ser intermediaria del cártel, recolectando extorsiones y asegurando protección policial.

La lista incluye a Jesús González Lomelí, empresario que supuestamente lava millones mediante bares y restaurantes como el Bombay Beach Club; Juan José “El Ruso” Ponce Félix, líder de Los Mayos en Baja California; Candelario “El Cande” Arcega Aguirre, operador político de Brown Figueredo; Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez, miembros del cártel; y Carlos Alberto Páez Pereda, jefe de la pandilla Los Rugrats. Las empresas señaladas, casi todas en Rosarito, aparentemente sirven de fachadas. Y no es menor que la actual presidenta municipal, Alejandra Padilla Orozco, exdirectora de Gobierno y del DIF municipal en el gobierno de Brown, haya sido designada por esta cuando pidió licencia para ocupar la diputación federal.

Estas sanciones se suman al retiro de visas a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su esposo, Carlos Torres Torres. Aunque sin explicaciones oficiales, pueden deberse a presuntos nexos criminales o irregularidades financieras. Revocación de visas primero y sanciones después difícilmente parecen casualidad, sobre todo en un estado convertido en corredor clave del fentanilo y escenario de violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa de ayer evitó mencionar el caso, prefiriendo hablar de la llegada a México desde Paraguay del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino. Ella suele exigir pruebas cuando de sanciones internacionales se trata. Callar en el caso de Brown despierta dudas: ¿está otorgándole protección política o calculando como medir los daños políticos?

Las repercusiones para Morena en Baja California son inmediatas. En un estado que gobierna desde 2019, estos escándalos erosionan su discurso de anticorrupción y transformación. La inseguridad y el retiro de su visa ya golpeó la aprobación de Ávila Olmeda, con una caída de 19 puntos desde abril pasado, de 69.4% a 50.2% en agosto, segun la Encuesta Mx. En Rosarito, epicentro de las sanciones, la infiltración del cártel en el gobierno local anticipa crisis política y social.

El golpe no solo afecta a Morena en Baja California: pone en entredicho su credibilidad nacional. La presidenta Sheinbaum enfrenta un dilema: actuar con transparencia mediante investigaciones de la FGR y la UIF, o permitir que EEUU siga exhibiendo lo que su partido se niega a limpiar.

Al final, las sanciones no son solo un castigo al narco. Son un recordatorio de que la política mexicana no vive aislada. Morena debe decidir entre limpiar su casa o resignarse a que desde el norte le sigan prendiendo los focos rojos.

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