Entre la paz y los derechos humanos

La democracia supone el Gobierno del Pueblo para el Pueblo; lo que significa que los órganos de gobierno tengan la capacidad de interpretar y de cumplir la voluntad ciudadana.

Nuestra Constitución consagró la aspiración social de caminar por el sendero de la ley, para evitar caprichos u por ocurrencias. Toda autoridad deberá apegarse estrictamente al cumplimiento de las disposiciones constitucionales, que sólo pueden modificarse por el poder constituyente.

En tal virtud, la Constitución para garantizar el respeto, el equilibrio, la razón, la justicia y el Derecho, marcó su supremacía en el artículo 133, de manera tal que ninguna ley puede estar por encima de ella, y estableció en su artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Hoy observamos un amplio análisis de estos temas, en torno a dos cuestiones fundamentales que se discuten:

Uno se refiere a la Prisión Preventiva Oficiosa,  contemplada en el artículo 19 Constitucional, que contradice lo dispuesto en los Tratados Internacionales, pues vulnera el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso, porque el Legislador no le da al Juzgador oportunidad para revisar, caso por caso, en cual se va a dar la prisión preventiva, y a cambio le impone un catálogo de delitos en los que es obligatoria, lo que aparentemente es generadora de múltiples prácticas discriminatorias.

Los defensores de los Derechos Humanos critican la oficiosidad de la prisión preventiva y exigen que se de libertad al juzgador para imponerla, pero el Presidente López Obrador se ha manifestado en favor de conservarla, argumentando que no es conveniente dejarla a criterio de los Jueces, porque suelen ser corruptos.

Otro tema es el de incorporar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, aprobada por el órgano legsilativo contraviniendo el mandato del artículo 21 Constitucional, que señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado.

Estamos atrapados entre la paz y los derechos humanos. O establecemos medidas para proteger y recuperar la seguridad, la tranquilidad y la paz, aunque se ponga en riesgo el respeto a los derechos humanos, o priorizamos la protección de los derechos humanos y permitimos y debilitamos la fuerza del Estado en cuestiones de seguridad con la consecuente pérdida de la paz y la tranquilidad.