

Julieta del Río.
En días recientes, diversos medios documentaron escenas alarmantes. Personas (entre ellas adultos mayores) realizaron filas durante horas con la esperanza de obtener una cita médica.
Julieta del Río
Durante años, la conversación pública sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha centrado en la falta de medicamentos. Hoy, el problema es aún más grave: la escasez de médicos especialistas y el colapso de la atención médica oportuna.
En días recientes, diversos medios documentaron escenas alarmantes. Personas (entre ellas adultos mayores) realizaron filas durante horas con la esperanza de obtener una cita médica. Al llegar a ventanilla, muchos fueron informados de que, dependiendo de su padecimiento o del seguimiento de una cirugía, su consulta sería programada hasta marzo o, en algunos casos, hasta dentro de seis meses.
Esto no es un asunto menor. En materia de salud, seis meses pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Una persona que requiere valoración especializada o seguimiento quirúrgico no puede simplemente “esperar”. La espera prolongada implica dolor, incertidumbre y el riesgo de que una enfermedad avance sin atención adecuada.
Esta crítica no va dirigida a un gobierno, a un partido o a una persona en específico. Es una observación objetiva y necesaria, porque aquí no está en juego la política, sino las personas y un derecho constitucional. Las y los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE ven descontadas puntualmente sus cuotas salariales con la promesa de recibir atención médica digna y oportuna. Hoy, esa promesa no se está cumpliendo.
La pregunta es inevitable: ¿dónde están los recursos de las aportaciones? ¿Por qué un sistema que se financia con recursos públicos y con las contribuciones de millones de trabajadores no puede garantizar consultas, especialistas ni cirugías en tiempos razonables?
A este panorama se suma otro hecho preocupante. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la inhabilitación de una empresa y la investigación de varias farmacéuticas por irregularidades en la compra de medicamentos, lo que derivó en la cancelación de una adquisición millonaria. Más allá de los proveedores, es indispensable revisar quién diseñó, avaló y supervisó esos procesos. Cuando las reglas fallan, el problema deja de ser administrativo y se vuelve institucional.
Finalmente, resulta preocupante que se intente normalizar esta situación o transmitir la idea de que “no pasa nada” en el sector salud. No es alarmismo señalarlo; es un acto de responsabilidad. La salud no admite simulaciones ni discursos. Cuando la atención no llega a tiempo, las consecuencias son irreversibles.
@Julietdelrio