Financiamiento educativo: avanzar en recursos y plazas para fortalecer la promoción docente

El análisis del ejercicio presupuestal 2025 al cierre del tercer trimestre, así como la propuesta del PEF 2026, permite dimensionar avances importantes. El incremento general del 7.2% planteado para 2026 refleja la voluntad de fortalecer al sector; sin embargo, su verdadero impacto dependerá de que estos recursos se traduzcan en mejoras efectivas en los planteles y en el reconocimiento profesional del personal docente.

Las inversiones previstas —como los 26 mil millones de pesos destinados a La Escuela es Nuestra, la ampliación de infraestructura y la creación de nuevos centros educativos— muestran una apuesta por mejorar las condiciones de estudio y ampliar la cobertura. No obstante, los requerimientos del nivel medio superior demandan no sólo infraestructura, sino también estabilidad laboral y desarrollo profesional para quienes sostienen el proceso educativo todos los días.

En este sentido, uno de los puntos más relevantes del debate presupuestal es la necesidad de destinar recursos suficientes para crear las plazas que exigen los procesos de promoción y regularización docente. Las instituciones operan con cargas administrativas y académicas crecientes, y cuando el presupuesto destinado al personal resulta insuficiente se generan rezagos que afectan la calidad del servicio educativo. Asegurar plazas definitivas y regularizables, es una condición indispensable para fortalecer la carrera docente y dar certidumbre a miles de maestras y maestros que hoy asumen responsabilidades sin un reconocimiento pleno.

La revisión del presupuesto modificado 2025 permite observar incrementos relevantes a cinco instituciones:

• La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar aumentó 122 millones de pesos;
• La Dirección General del Bachillerato tuvo el crecimiento más significativo, con 658.2 millones;
• La Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva sumó 147 millones;
• El Colegio de Bachilleres incrementó 84.4 millones;
• El CONALEP, aumentó 216.7 millones.

Estos ajustes permiten responder a necesidades operativas inmediatas y ampliar capacidades de atención.

En contraste, se observan reducciones que deben analizarse con mayor detalle.

• La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo disminuyó 465.7 millones
• La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios tuvo una reducción notable de 2,749.2 millones, al pasar de 24,276.4 a 21,527.1 millones, lo que confirma una tendencia descendente si se considera que en 2024 contó con 26,329 millones.
• El Centro de Enseñanza Técnica Industrial disminuyó 2 millones.

Estos recortes limitan la operación cotidiana, la actualización de equipos y la expansión de la matrícula en sectores estratégicos para el desarrollo productivo del país.

Fortalecer la inclusión y la permanencia escolar exige una acción coordinada y sostenida. Es indispensable garantizar recursos suficientes para crear y regularizar las plazas docentes que se requieren; asegurar que los planteles cuenten con mantenimiento y equipamiento básico para operar con dignidad; y ampliar los apoyos directos dirigidos a estudiantes que enfrentan mayores barreras socioeconómicas. De igual forma, avanzar hacia mecanismos más claros y accesibles de transparencia presupuestal permitirá verificar que las inversiones realmente mejoren las trayectorias educativas y disminuyan las desigualdades entre instituciones educativas y regiones.

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