Extorsión: sin Estado eficaz, no hay ley que sirva

Con penas de hasta 42 años de prisión, el Senado aprobará la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión que la Cámara de Diputados avaló en octubre pasado. Por primera vez, el país tendrá una ley homogénea para castigar a los montachoques, a los cárteles que cobran derecho de piso, a los extorsionadores telefónicos que operan desde penales y a los falsos —o auténticos— policías que exigen pagos ilegales. La ley fija penas de 15 a 25 años y añade agravantes que pueden elevarlas hasta 42 años.

Esta no es la primera acción legislativa importante contra la extorsión desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder. En menos de un año, el Congreso aprobó piezas clave: la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en la materia; la aprobación en Diputados de esa Ley, que establece persecución de oficio, define modalidades como derecho de piso y extorsión carcelaria, y fija sanciones para funcionarios coludidos.

Con estas acciones el Estado promete castigos ejemplares, pero está por verse si servirán para algo en un país donde la extorsión cuesta 243 mil millones de pesos al año. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, se cometen alrededor de 5.7 millones de extorsiones anuales. Si cada víctima sufre más de un episodio, son cerca de cuatro millones de personas afectadas. Según la Coparmex, 45% de los negocios que cierran en regiones de alta criminalidad lo hacen por extorsión. Sin embargo, las fiscalías apenas reciben unas cuantas miles de denuncias cada año. La cifra negra supera el 95%. La probabilidad real de castigo ronda el 1%. Con ese nivel de impunidad, subir las penas no una solución.

La geografía del crimen tampoco deja lugar al optimismo. Ocho estados concentran dos tercios de las carpetas: México, Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. En varios de ellos, la extorsión funciona como un sistema fiscal alterno, más eficiente y temido que el SAT. Los cárteles cobran cuotas en mercados, bares, rutas de transporte, obras de construcción, cosechas y cadenas de suministro. Y mientras la autoridad discute penas, los grupos criminales ajustan tarifas.

La reforma reconoce prácticas que durante años se minimizaron: los montachoques, la extorsión carcelaria, los grupos que provocan accidentes para exigir pagos inmediatos. Prevé sanciones para servidores coludidos y ordena perseguir la extorsión de oficio. Es necesario, pero insuficiente. La extorsión no persiste por falta de leyes, sino por falta de Estado.

Mientras policías sigan mal pagadas, fiscalías rebasadas, cárceles controladas por criminales y gobiernos locales sometidos a la presión de los cárteles, ninguna pena de 42 años cambiará el comportamiento de los extorsionadores. Ellos no calculan condenas: calculan la probabilidad de ser detenidos.

Aun así, si el gobierno reconstruye capacidades, profesionaliza policías, depura cárceles y fortalece fiscalías, la extorsión podría retroceder. No será rápido ni espectacular, pero sí posible. La nueva ley no frena el delito, pero puede ser el inicio de una estrategia eficaz.

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