El Runrún:

La decisión fue de Alejandro Tello. Se acabó el “día del gobernador”. Estaría –hasta donde se sabe- definitivamente cancelada la fiesta suntuosa, frívola, elitista y muy costosa que se organizaba en el Palacio de las Convenciones para que el Ejecutivo rindiera su informe de gobierno.
Según las negociaciones que miembros del gabinete, principalmente el coordinador jurídico Jehú Eduí Salas, sostienen con diputados de la 62 Legislatura,  Tello regresaría al Congreso para, ante la soberanía popular, rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración pública.

De esta manera –dicen sus allegados- Tello reitera su determinación de ser diferente. Según se sabe, el gobernador planea una ceremonia republicana. Muy austera. Respetuosa y solidaria con la inmensa mayoría de los zacatecanos que viven en pobreza. Informará sin temor y sin maquillar cifras, lo que ha hecho y lo que no ha podido hacer. Y cuidará que su lenguaje no sea yoyista. Tratará de no caer, como sus antecesores, en el culto a su persona. Evitará vanidades insultantes.

Así pues, por lo que ha trascendido, el primer informe de gobierno de la era tellista se rendirá, conforme a la tradición republicana, ante el Poder Legislativo. Ante la soberanía popular, no ante parientes, amigos, correligionarios de partido y convidados especiales a los que se les traía desde sus lugares de origen con todos los gastos pagados.

Tres informes
El Oso Luis Medina, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, el 20 de abril presentó una iniciativa para reformar los artículos de la Constitución de Zacatecas que se refieren a los informes que deben rendir los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

En síntesis, el legislador propone que el gobernador rinda cuentas el 8 de septiembre de cada año, a excepción del último de su administración, ante el pleno de la soberanía popular.

El Poder Legislativo, a través del presidente de la mesa directiva –actualmente es Adolfo Zamarripa, del Partido Verde, pero cambia cada mes- rendiría su informe de actividades el 15 de septiembre. En la sesión plenaria estarían los tres poderes del estado.

Y el Poder Judicial, por voz del presidente del Tribunal Superior de Justicia, actualmente el magistrado Armando Ávalos Arellano, rendiría cuentas a la sociedad el 21 de septiembre.
Según parece, si la iniciativa, actualmente sujeta a revisión para su dictaminación en la Comisión de Puntos Constitucionales que preside la priista Carolina Dávila, no se aprobara tiempo, se recurriría a un acuerdo político.

Nada impide –dicen los expertos- que los titulares de los poderes rindan sus informes en las fechas convenidas.  Y que lo hagan ante la soberanía popular.

Puras ocurrencias
A pocas semanas de que cumpla su primer año –y sólo durará dos- la 62 Legislatura carece de agenda legislativa común. Es decir, no tiene carta de navegación. Camina sin rumbo. Sin saber hacia dónde se dirige. Y cuáles de las prioridades jurídicas del estado podrían más a menos resolver.

Tampoco los grupos parlamentarios: PRI, Verde, Panal, PAN, PRD, PT, y Encuentro Social, liderados por Gustavo Uribe, Adolfo Zamarripa, Roy Barragán, Carlos Sandoval, Santiago Domínguez, Geovanna Bañuelos e Iris Aguirre, tienen plan de trabajo. Trabajan mediante ocurrencias. Van al día. Están como las palmeras: se mueven hacia donde sople el viento.
 Anarquía legislativa

También el Oso Luis Medina presentó una iniciativa para tratar de remediar la anarquía legislativa que impera en el Congreso. Lo malo fue que lo hizo a través de un punto de acuerdo. Y esos instrumentos son como las llamadas a misa.

El 3 de abril instó a los tres poderes a conformar un grupo de expertos  que trabaje con académicos para que en un plazo no mayor a 90 días presente una agenda legislativa común. Y no sólo del Congreso. También que incluya al Ejecutivo y Judicial.

La intención –expuso Medina- es armonizar el marco jurídico de Zacatecas a las reformas legales aprobadas por el Congreso de la Unión. Y, lo más importante, adecuar la realidad jurídica de Zacatecas a las necesidades y cambios que experimenta la sociedad en su vida cotidiana.

Prioridad priísta

Gustavo Uribe, mandamás de la bancada del PRI, considera que la agenda común de la 62 Legislatura abarca el Sistema Estatal Anticorrupción que ya se aprobó y requiere de cinco leyes secundarias, cuando menos.

Destaca, en ese contexto, la reforma que cree la Fiscalía General del Estado. Y es que la Procuraduría de Justicia, en teoría, ya no existe. Francisco Murillo Ruiseco y toda su estructura están cogidos con alfileres.

Y la elección del nuevo procurador es un galimatías. El Congreso debe hacer una convocatoria abierta. Y someter a los aspirantes a exámenes de oposición. Y de los 10 con las mejores calificaciones, el Ejecutivo haría una terna para que la Legislatura elija al mejor.  
Saben lo que dirá

Es fácil saber qué responderá Julieta del Río a los diputados que, encabezados por Omar Carrera, sobrino político de Ricardo Monreal, la citan a comparecer. El tema único es el contenido de la documentación que entregó a Soledad Luévano sobre la llamada nómina secreta.
La presidenta del IZAI no tiene otra cosa que decir. Recibió la información de la Secretaría de Finanzas de Jorge Miranda y tal cual se entregó a Luévano.  ¿Qué hizo ésta con las cifras? ¿Cómo las procesó en su truculento entender? Sabrá Dios.

Líos familiares
Dícese en la Secretaría de Administración que maneja Jorge Luis Pedroza que muchos funcionarios que aparecen en la llamada nómina secreta enfrentan, a consecuencia de la balconeada, muy serios problemas.  Y no son problemas legales, sino familiares.
Sucede –corre en lenguas- que la mayoría no reportaba en casa el total de las compensaciones mensuales. Decían que recibían 20 mil y en realidad se embolsaban 40 mil.  

Como perros y gatos  

Por enésima ocasión los perredistas, como perros y gatos en un costal, están trenzados en un pleito interno que ya se judicializó.
Obviamente pelean por el poder. Las tribus se disputan el derecho de manejar al partido como patrimonio propio. Y para privilegiar sus intereses.

Diversas expresiones –en Zacatecas fue el ala de Nueva Izquierda que manejan Rafael Flores Mendoza, Iván de Santiago y Gilberto Zamora– interpusieron un recursos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que preside Janine Madeline Otálora Malassis –dicen que tiene nombre de sentencia de hechicería- porque no se ha convocado a elecciones de las dirigencias nacional y estatales.

A los Chuchos ya les anda porque Alejandra Barrales ahueque el ala.
El Trife reconvino a la Comisión Jurisdiccional del CEN del PRD, pero su respuesta fue que no está entre sus atribuciones convocar a elecciones internas.

Ante esa respuesta las tribus perredistas se inconformaron y el Trife emplazó al CEN de la Barrales para que informe a satisfacción. De lo contrario se le impondría una nueva multa.
Quienes conocen las tripas del PRD creen que el pleito se resolverá mediante un acuerdo político entre tribus. Y lo más factible es que ante la proximidad de las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, las dirigencias se renueven mediante negociaciones. Y tocaría al grupo en el poder elegir a quien sustituya al saliente.

En Zacatecas, Arturo Ortiz Méndez es de Nueva Izquierda, aunque anda flirteando con el grupo de Miguel Ángel Mancera. Su relevo lo elegirían las alas de los Chuchos que lideran Rafael Flores, Miguel Torres y el recién achuchado Eleuterio Ramos Leal.

Un puente de 100 millones de pesos

El gobierno de Alejandro Tello mira la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.
Delegado federales que esperan, y desean, su relevo en cualquier momento, revelan que la Sinfra de Francisco Ibargüengoytia pretende, con recursos del fondo minero construir un puente de 100 millones de pesos.
Y comentan socarrones: “a menos que sea una réplica del Golden Gate de San Francisco, ¿dónde quieren hacer un puente de 100 millones?”.
Con ese carácter de fiscal de hierro que asume, el Ejecutivo, a través de Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública, inició una investigación en torno al delegado de la SCT, Bernardo Gutiérrez Navarro.
Sin embargo, ante las inmoralidades evidentes de funcionarios locales, principalmente de alcaldes, cierra los ojos y hace oídos sordos.
En la reunión del comité rector del fondo minero –revelan- se distribuyeron 445 millones de pesos para proyectos de municipios y gobierno del estado. Los más beneficiados fueron Fresnillo y Mazapil, de José Haro y Gregorio Macías.
Empero –destacan- poco se difunde que 177 millones no se repartieron -97 para municipios y 80 para el gobierno estatal- porque carecían de proyectos que llenaran los requisitos de la normatividad.
El delegado de la Sedatu, Marcos Ibarra Solís mucho ha insistido a los alcaldes para que presenten proyectos con alto impacto social. En especial –subraya el ahijado político de Rosario Robles– deben contribuir a disminuir la pobreza y a mejorara la calidad de vida de la población. 
Sin embargo –acusan los delegados que ya quieren irse- los presidentes insisten en privilegiar las pavimentaciones de calles y la construcción de auditorios o la colocación de domos. Y es que en esas obras –sospechan- los munícipes mañosos llevan su mochada.

Retazo con hueso 

Ante la indiferencia que por miedo, complicidad o torpeza muestra la rectora Hilda Ramos, el diputado federal Francisco Escobedo y la diputada local Julia Olguín, el alcalde de Juchipila, el panista Rafael Jiménez, tiene frenado el compromiso del gobernador Alejandro Tello de extender la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas al municipio de Tabasco. 
A principios de año, Tello afirmó a los jóvenes tabasqueños que, como gobernador de la educación, los trabajos de extensión iniciarían el 6 de mayo. El mes está por terminarse y aún no se da un paso en firme.

Chuecas o derechas
Para los muchachos de Tabasco que aspiran a estudiar en la Universidad, los culpables de que Tello quede como un mentiroso serían: Rafael Jiménez, alcalde panista de Juchipila, que no quiere perder el control político de los universitarios; Hilda Ramos, rectora de la UPSZ; y los diputados del PRI y Verde, Francisco Escobedo y Julia Olguín que están papando moscas. Y por último, el alcalde de Tabasco, Saúl Avelar, quien está más ocupado vendiendo bueyes a Estados Unidos, en sociedad con su compadre Marcelino, dirigente de la ganadera local, que le saca todas las guías que necesita, chuecas o derechas.

Venganza popular
Ante la hipocresía y cinismo de muchos políticos, la gente empieza a cobrarse las afrentas de propia mano. 
A Eduardo Duque Torres, presidente municipal de Morelos, la gente lo bombardeó con latas de cerveza cuando, en la comunidad Hacienda Nueva, eligió a la reina que él quería, no la que realmente, según la gente, había ganado. 
Al alcalde del Partido Nueva Alianza (Panal) le sucedió lo mismo que al Peje Andrés Manuel López Obrador, a quien atizaron a huevazos en un mitin en Veracruz, cuando defendía a su recaudadora de confianza, la diputada con licencia Eva Cadena.

Hagan su propuesta  
El tipo de homenaje que quiere y espera Carlos Vega Villalba –dicen sus familiares- es en el que se sienta contento, cómodo y rodeado de la gente que lo quiere. El delegado de la Semarnat, Julio César Nava, en su carácter dominical de líder de la organización “Las Cosas Buenas” –esas que dice Enrique Peña Nieto que no se cuentan, pero cuentan mucho- inició una consulta en facebook para conocer qué proponen los cancheros y amigos para homenajear al promotor deportivo. Y es que el gobierno lo más que hizo, a través de Adolfo Márquez, el patán, titular del Incufidez, es jubilarlo.

Chorizo verde
Por instrucciones del pejelagarto Andrés Manuel López Obrador, el chamuco menor, Saúl Monreal se sumó a la campaña de Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Según parece, el pejeloco tiene todos sus huevos en la canasta del Edomex. 
Sabe que si gana la elección a Enrique Peña Nieto y al gobernador Eruviel Ávila, no habrá quien lo detenga en su camino a Los Pinos. Pasaría encima de Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Miguel Osorio. A Saúl le tocó operar en la zona conurbada, rica en chorizo verde.

Gallinas viejas
Una buena cantidad de los diputados y diputadas de la bancada del PRI llegó al Congreso por la cuota obligatoria para jóvenes. 
En ese bloque estarían Carolina Dávila, Lyndiana Bugarín e Isadora Santivañez. Pero sucede que el año pasado andaban en la frontera de los 30 años y ahora ya son gallinas que no se cuecen al primer hervor. Y el PRI de Roberto Luévano no podrá postularlas a la reelección porque sus lugares corresponden a la chaviza. 
Carolina propuso una iniciativa para reformar la Ley Electoral y que, a sus treinta y tantos, se les siga considerando chavitas sujetas a la cuota joven. Empero –dicen expertos- la moción no pasará.    

Imagen Zacatecas – Francisco Gabriel Reynoso Torres