Defender a los pobres, el gran negocio para dejar de serlo

Gerardo Fernández Noroña ha sido, desde 2009, legislador federal en tres ocasiones y actualmente presidente del Senado. Militó durante años en el PRD y PT y desde 2024 forma parte de Morena. Su sueldo neto como legislador ha oscilado entre 74 000 y 132 000 pesos mensuales, más aguinaldos equivalentes a 40 días de dieta. En total, sus ingresos legislativos suman alrededor de 13.6 millones de pesos, una cantidad nada despreciable que corresponde, con toda justicia, al trabajo de representación que la Constitución le confiere.

Pero la historia no termina ahí. Noroña encontró otra fuente de ingresos: las redes sociales. En 2022 declaró oficialmente 2.68 millones de pesos obtenidos por sus “videocharlas” en YouTube y Facebook. Esa cifra equivale a más de 188 000 pesos al mes, un ingreso superior al de su dieta legislativa. Su canal en YouTube tiene alrededor de 839 000 suscriptores y sus videos rondan entre 20 000 y 50 000 vistas; en Facebook, aunque la publicidad paga un poco más por cada mil reproducciones, tampoco explica la cifra millonaria. Lo que sostiene sus finanzas son los superchats, las donaciones y las membresías de cientos de seguidores dispuestos a aportar entre 50 y 500 pesos por transmisión.

Con base en estas evidencias, es factible que entre 2020 y 2025 Noroña haya obtenido entre 10 y 18 millones de pesos de sus seguidores, con un escenario medio de 14 millones. Dicho de otro modo: por sus charlas informales en internet, ha ganado más que como legislador de la República.

La legalidad de esta práctica no está en duda. La ley permite que los legisladores tengan ingresos adicionales, siempre que los declaren y no utilicen recursos públicos para obtenerlos. Pero lo legal no siempre es lo mismo que lo ético. Resulta, cuando menos, problemático que un representante popular convierta su base militante en una comunidad de financiamiento personal. Aunque sea transparente, la percepción de que un senador vive mejor como influencer que como servidor público erosiona la confianza en las instituciones.

Para Fernández Noroña la defensa de los pobres terminó convertida en un gran negocio. Su discurso contra la desigualdad contrasta con el hecho de que buena parte de sus ingresos digitales proviene de aportaciones hechas por ciudadanos comunes que, en muchos casos, apenas tienen lo suficiente para vivir. Que un político que se dice defensor de los desposeídos reciba dinero de quienes no son ricos resulta, como mínimo, una contradicción difícil de justificar. Al final, defender a los pobres se transformó en una actividad muy rentable: un gran negocio personal que paradójicamente le permitió a Noroña dejar de ser pobre gracias a quienes menos tienen.

En un país donde la política suele confundirse con negocio, ver a un legislador capitalizar donaciones digitales plantea preguntas incómodas: ¿representa a los ciudadanos o a sus aportantes más fieles? ¿Usa su cargo para informar o para monetizar? Noroña encarna así una contradicción de nuestro tiempo: un político que cobra doble, como legislador y como youtuber. Legal, sí. Ético, muy discutible. Y sobre todo preocupante que, en términos de ingresos, le resulte más rentable hablarles a sus seguidores —que en su mayoría no son ricos— que legislar para todos.

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