Debates recortados en la SCJN, ¿justicia recortada?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estrenó nuevas reglas para ordenar sus debates. A partir de ahora, cada ministra o ministro tendrá un máximo de diez minutos para presentar su proyecto, siete minutos para intervenir en la primera ronda, cinco minutos para responder y tres en la segunda. Además, la Presidencia decidirá cuántas rondas adicionales abrir y fijará los tiempos. Como si no bastara, se prohíben las interrupciones: nadie podrá cuestionar en tiempo real a quien tenga la palabra.

El argumento oficial es claro: había que poner orden en un Pleno que tardaba meses, incluso años, en resolver asuntos y que se perdía en repeticiones y tecnicismos. Con estas medidas, dicen, la Corte ganará en productividad y profesionalismo. La sesión será más ágil, los ministros irán al grano y la ciudadanía ya no tendrá que ver discusiones interminables que parecían diseñadas para el lucimiento personal. La lógica parece impecable: menos tiempo, más claridad, más eficiencia.

No es la primera vez que se buscan cambios para “modernizar” al máximo tribunal. En tiempos de Ernesto Zedillo se impulsó la reducción del número de ministros de 26 a 11 con el argumento de agilizar el trabajo y fortalecer la calidad de las decisiones. Hoy, tres décadas después, se repite la misma promesa de eficiencia, pero bajo una fórmula distinta: poner el cronómetro a la deliberación.

Cabe señalar que mucho del debate real ocurre antes de las sesiones públicas. Los ministros y sus equipos reciben con anticipación los proyectos, circulan observaciones y en ocasiones intercambian posturas de manera privada. En ese sentido, los límites de tiempo quizá no afecten de manera sustantiva la calidad de las decisiones, pero sí reducen lo que el público ve: en lugar de un intercambio rico, presenciaremos discursos resumidos que pueden dar la impresión de justicia exprés.

Por eso la pregunta es inevitable: ¿la reducción de tiempos en el Pleno mejorará en algo la impartición de justicia si las posturas ya llegan prácticamente definidas? La justicia constitucional no se mide en minutos, pero tampoco basta con debates cerrados en despachos privados. La sesión pública debería ser el espacio donde se expongan y confronten abiertamente las razones, y si esto se limita a discursos de siete minutos, el riesgo es evidente: debates recortados, justicia recortada.

Como ha señalado el jurista argentino Roberto Gargarella, especialista en derecho constitucional y teoría democrática, la misión de un juez constitucional es “abrir el diálogo y proteger a las minorías aisladas”. Con reglas que limitan el intercambio y concentran el control en la Presidencia, esa misión corre el riesgo de diluirse en aras de la rapidez.

La Corte corre el riesgo de burocratizar la justicia constitucional, poniendo el cronómetro por encima del análisis profundo. Y cuando se trata de interpretar la Constitución y garantizar derechos, la rapidez nunca debe sustituir la calidad. La pregunta final es demoledora: ¿no se estará reduciendo la justicia a un trámite administrativo disfrazado de eficiencia?

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