
La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por la discreción y la negociación, apostando por preservar los canales diplomáticos y evitar una escalada innecesaria.
Donald Trump, en su segundo mandato, ha cumplido lo que prometió: proteger a toda costa la economía de su país, aunque ello implique dañar a sus socios y al mismo consumidor estadounidense que deberá pagar más por la mayoría de los productos que adquiera provenientes de alrededor del mundo. Y México, claro, está en la primera línea de fuego.
Con una serie de órdenes ejecutivas firmadas desde enero, Trump impuso aranceles del 25% a exportaciones mexicanas que no cumplen con las reglas del T-MEC y del 10% a productos energéticos. Desde el 12 de marzo, un arancel del 25% se aplica a todas las importaciones de aluminio y acero de México. Además, desde el 26 de marzo, también hay aranceles del 25% para vehículos y autopartes que no se alinean con el tratado. Y por si no fuera suficiente, ayer inauguró su política de aranceles recíprocos, que amenaza con agravar aún más la situación.
México enfrenta así una factura arancelaria de entre 8,250 y 15,000 millones de dólares anuales. Es decir, entre el 1% y el 3% del PIB nacional podría evaporarse, con el consiguiente impacto en inversión, inflación y empleo. La manufactura es el principal blanco: se estima que 150,000 a 300,000 trabajadores podrían perder su empleo, la mayoría en el sector automotriz. Eso sin contar la caída potencial de hasta 7,200 millones de dólares en inversión extranjera directa.
Trump justifica sus acciones con el argumento de proteger a EEUU del narcotráfico, la migración y la competencia desleal. Pero, en realidad, estas medidas son un arrebato político-electoral disfrazado de estrategia comercial. México cumple con las reglas del T-MEC en el 85-90% de sus exportaciones, pero eso no ha evitado que imponga castigos unilaterales bajo el pretexto de la seguridad nacional.
La respuesta del gobierno mexicano no ha sido tibia, como algunos insisten, sino calculadamente cauta. A diferencia del gobierno canadiense, que reaccionó de inmediato con represalias arancelarias simbólicas pero ruidosas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por la discreción y la negociación, apostando por preservar los canales diplomáticos y evitar una escalada innecesaria. Sin embargo, para no quedar mal con las alas más radicales de Morena que exigen defender la dignidad nacional a gritos, es probable que anuncie represalias cuidadosamente seleccionadas: medidas dirigidas contra sectores estadounidenses con impacto político, pero poco peso económico para México. Vinos, manzanas, carne congelada o whisky podrían gravarse con aranceles.
Como en 2017, nuestro país vuelve a ser agredido por Trump. La diferencia es que hoy los efectos son inmediatos y cuantificables. Cada punto del PIB que se pierda, cada empleo que se destruya, cada dólar que deje de invertirse será consecuencia directa de una guerra comercial disfrazada de patriotismo. Y lo más preocupante es que esto apenas comienza. La presidenta Sheinbaum, fiel a su estilo, buscará evitar confrontaciones directas con Washington y apostará por el fortalecimiento del T-MEC y los puentes con la diplomacia demócrata, aunque también moverá fichas en el tablero comercial para no parecer débil ante un socio que solo respeta a quien sabe golpear sin hacer escándalo.
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