La prevención y la salud

La prevención parece estar adquiriendo un nuevo estatus en las reflexiones sobre las necesidades de salud de nuestro país. Ya no hay estrategia que no nos recuerde su importancia para el futuro del sistema sanitario o los ahorros en vidas, sufrimientos y económicos que se pueden derivar de la misma.

Nunca, en México las autoridades han asumido la responsabilidad de estas cuestiones. El sistema sanitario mexicano, ni en lo público ni en el lado de la iniciativa privada (entiéndase la iniciativa privada de servicios médicos tradicional ni esta nueva que ha explotado las necesidades de atención médica primaria que tiene la sociedad mexicana a través de las cadenas de farmacias con consultorio) ha asumido la responsabilidad que le corresponde a la hora de evitar enfermedades en cada uno de los individuos y en la generalidad nacional con los extraordinarios costos que eso significan para el erario y para la economía de cada familia que tiene que atender a un integrante enfermo, en uno y otro caso muchas veces catastróficos. En resumen, el sistema de salud mexicano se dedica a intentar curar enfermos. Y por ellos debemos pensar que existen tres cuestiones por abordar al respecto: y giran en torno a las desigualdades sociales en salud, que el enfoque de prevención debería reducir.

Por un lado, sabemos que, de forma aislada, los enfoques preventivos individuales tienen una tendencia espontánea a agravar estas desigualdades sociales en salud: los mecanismos identificados se relacionan con el propio sistema de salud, con la mejor apropiación de los sistemas por parte de los más educados y con el peso de las dificultades de la vida cotidiana soportadas por las categorías menos favorecidas.

Por otro lado, un programa de prevención construido en torno al sistema de salud presenta un riesgo de disparidades sociales en sus resultados, incluso cuando la práctica preventiva (cribado, vacunación) es gratuita, a fortiori cuando no lo es (promoción del deporte, por ejemplo). Cabe añadir que la aparición de dispositivos predictivos de alto rendimiento y el desarrollo de innovaciones digitales o biológicas en torno a la individualización de la prevención, que se considera un Santo Grial, pueden, si se liberan de esta responsabilidad, tener efectos agravantes reales.

Esta situación obliga a reflexionar sobre el tema de las desigualdades desde el inicio de los programas a través de un enfoque territorial –reforzamiento proactivo de las acciones en los barrios más pobres– y un enfoque metodológico –la implementación de herramientas adaptadas a las limitaciones de estas categorías sociales–. Planteado en términos generales, este principio debe convertirse en el criterio esencial para validar las acciones. Como en un espejo, surge una segunda cuestión: la de la expansión de las prácticas de salud pública.

Los médicos sabemos que la promoción de la salud no se limita a la prevención médica o individual. La crisis de la COVID19 ha demostrado el poder de intervención de los actores no sanitarios, como los maestros, los trabajadores sociales, las asociaciones de vecinos, las asociaciones comunitarias y, a veces, los sindicatos. Hoy en día, su movilización en la salud pública parece menos buscada: sus palabras parecen menos audibles, sus acciones son muy poco valoradas.

Suplir las brechas sociales que caracterizan a la salud en nuestro país requiere trabajar con representantes de quienes están expuestos a las mayores dificultades, que están lejos de la prevención y la atención, o que, a veces, encuentran que “no es para ellos” y menos aún para ellos. Insistamos: tenemos que construir con ellos, y no pensar, ni apoyarnos en los más necesitados.

Todo esto nos lleva a la tercera cuestión: tener en cuenta los determinantes de la salud como la vivienda y el empleo. La situación es bastante paradójica en este sentido. Sin alcanzar, ni mucho menos, la conciencia política que existe en otros lugares, la percepción del papel de estos determinantes en la construcción del estado de salud de la población parece general en México.

Es necesario poner en marcha, sin demora, programas que actúen en la interfaz entre la salud y los principales determinantes sociales o socioambientales, precisamente la interfaz donde se crean las brechas. A este respecto, una acción nacional en materia de salud y vivienda supondría un cambio sin precedentes en favor no sólo de la equidad en salud, sino también de la reducción de los costos de salud inducidos por la vivienda deficiente.

En el México de los tiempos electorales de 2024, en el que una de cada tres familias que enfrenta una enfermedad grave cae en la pobreza como consecuencia de la misma, los ciudadanos estamos esperando soluciones a los grandes problemas del país, los que todos conocemos, todos. Respecto del sistema de salud nacional, debemos de pasar del chiste de que ya merito vamos a tener un sistema como el danés y también de la simplonada de la tarjeta de salud que tendrá valor en la farmacia de la esquina.