Bienes públicos

La pandemia de coronavirus reavivó un añejo debate: ¿cómo garantizar el acceso equitativo a eso que llamamos “bienes públicos globales” en un sistema económico donde la salud es un bien como cualquier otro?

Dada la magnitud de la pandemia, la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus se convirtió en un objetivo importante para los políticos de casi todo el mundo. En aquella carrera contra el tiempo, se iniciaron decenas de ensayos clínicos. Pero, al mismo tiempo se plantearon varias preguntas que todavía son válidas ¿quién se beneficiaría de la vacuna en caso del, entonces eventual, descubrimiento? ¿Se reservaría sólo para los países ricos, capaces de desbloquear rápidamente las inversiones necesarias para financiarlo? ¿O se difundiría ampliamente?  ¿En qué condiciones? Era la búsqueda de un nuevo Grial.

Muchas voces pidieron un acceso amplio a la vacuna. Emmanuel Macron fue uno de los primeros jefes de Estado en utilizar la fórmula del “bien público global” hablando de ello: la vacuna “no pertenecerá a nadie, pero nos pertenecerá a todos”. Y la expresión fue repetida por diversos líderes en diversos momentos. Los hechos, sin embargo, luchan por ajustarse a la retórica y marcan, todavía, una nueva etapa en la crisis de las instituciones multilaterales.

¿De dónde viene la noción del “bien público global”? La expresión apareció a partir de la década de 1980 y se refiere a bienes como la calidad del medio ambiente, la paz, la educación, la seguridad o la protección contra las principales enfermedades endémicas. Cuando los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron adoptados en Nueva York en 2000 por 193 Estados Miembros de la ONU y numerosas organizaciones internacionales, se evidenció que “ni los mercados ni los gobiernos” pueden, si se les “deja a su suerte“, garantizar el acceso a estos bienes esenciales, en palabras del entonces Secretario General de las Naciones Unidas. Kofi Annan.

La noción de un bien público global nos ha llevado a creer que sería posible avanzar hacia un mundo más justo que garantice el acceso a los bienes esenciales para los más pobres. Sin embargo, el concepto se ha mantenido en la etapa de una declaración de principios, sin ninguna medida legal que garantice el derecho de acceso a los más necesitados, cuidado de no definir con precisión qué bienes públicos globales deben escapar a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y al mundo del libre mercado, al mismo tiempo que se libra una feroz batalla por los medicamentos y las vacunas: para tener derecho a unirse a la OMC, cada Estado debe ratificar los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual, que definen mediante patentes la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos: garantizan a los laboratorios privados la ausencia de competencia genérica durante veinte años.

Durante la década de 2000, que vio con la globalización redistribuir el poder entre los gobiernos y las empresas, la sociedad civil se organizó frente a la impotencia de los organismos de la ONU. Se forjaron alianzas entre las organizaciones públicas, privadas e internacionales, se inventaron nuevos mecanismos para intentar resolver una ecuación imposible: garantizar el acceso equitativo a vacunas y medicamentos, considerados bienes públicos, en un sistema económico donde la salud es otro producto para comerciar, al tiempo que los fabricantes de medicamentos destacan la importancia de los derechos de propiedad intelectual, un poderoso incentivo para el progreso médico.

Hasta hoy, quizás uno de los dispositivos más innovadores en este movimiento es la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas. Lanzada en Europa por Médicos Sin Fronteras y el Instituto Pasteur, desde 2003 la fundación ha estado ofreciendo asociaciones de compañías farmacéuticas basadas en un principio colaborativo y abierto: los medicamentos no están protegidos por patentes y son accesibles a precio de costo como parte de los programas de salud pública. A cambio, las compañías farmacéuticas se benefician del conocimiento acumulado alrededor de la molécula para otros usos y conservan el derecho de distribuirlo en canales privados. Desde su creación, se han desarrollado ocho nuevos medicamentos contra enfermedades graves que afectan principalmente a los países pobres, incluida la primera combinación de dosis fija contra la malaria, resultado de la cooperación con Sanofi, y una nueva cura para la enfermedad del sueño.

¿Podría implementarse un dispositivo de este tipo, que ofrece nuevas formas de incentivo a la investigación al dejar una oposición binaria a favor o en contra de la patente, para cosas como la vacuna Covid-19? En teoría, nada lo impide. No hacerlo es ni siquiera un desperdicio.