¡¡No al impuesto a las remesas!!

Hoy, como mexicano y como zacatecano, me sumo a la convocatoria hecha por la Presidenta Claudia Sheinbaum para protestar en contra de esta agresión a los migrantes y decir ¡¡no al impuesto a las remesas!!, venga de donde venga, porque representa una forma moderna de exclusión y agresión económica.

La propuesta del presidente Donald Trump de imponer un impuesto del 5% a las remesas que se envían desde Estados Unidos al extranjero representa una amenaza grave no solo para México, sino para toda América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo que dependen de estos recursos. Gravar las remesas es una política profundamente injusta, discriminatoria y violatoria del derecho internacional, que afecta a las personas más vulnerables: los migrantes y sus familias.

Que no nos envuelva Trump con argumentos falaces: Esta medida no tiene el objetivo de fortalecer la economía estadounidense, sino que está orientada a utilizar a los migrantes como moneda de cambio político, castigándolos por su origen, por su trabajo y por su lealtad a sus raíces. En el caso mexicano, la afectación sería directa: más de 12 millones de personas mexicanas que residen en EE.UU. envían cada año más de 60 mil millones de dólares a sus familias. ¿Por qué penalizar ese acto de amor, solidaridad y responsabilidad familiar?

Una política agresiva y discriminatoria

Gravar las remesas equivale a castigar a los migrantes por enviar dinero a casa. Es una medida selectiva y discriminatoria, porque no se impone a todos los flujos financieros ni a todas las personas, sino únicamente a quienes trabajan en Estados Unidos y envían dinero a otros países. Se trata, en esencia, de un impuesto étnico y económico, orientado a presionar políticamente a las naciones de origen de los migrantes.

Además, resulta preocupante que esta iniciativa se plantee en el marco de una retórica hostil hacia los migrantes, en la que se les utiliza como chivo expiatorio de los problemas internos de EE.UU., sin reconocer su valiosa contribución a la economía de ese país.

Impacto devastador en millones de hogares

Las remesas no son lujos ni inversiones de alto riesgo: son ingresos de subsistencia. Se utilizan para pagar alimentos, medicinas, ropa, educación y servicios básicos. En países como México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití, representan un porcentaje crucial del PIB nacional y en el interior de nuestro pais, particularmente en entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, generaría un daño irremediable.

Gravar con un 5% estos envíos es quitarles directamente recursos a las familias más pobres, muchas de las cuales dependen exclusivamente de ese dinero. Las consecuencias serían inmediatas: reducción del consumo local, aumento de la pobreza, presión sobre los sistemas de protección social y debilitamiento del tejido familiar y comunitario.

Violación de tratados y principios internacionales

Esta medida viola los principios de libre flujo de capitales, protegidos por acuerdos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y compromisos multilaterales sobre cooperación fiscal y desarrollo. En el caso de México, además, puede implicar una doble tributación, pues el dinero enviado ya fue gravado en EE.UU. mediante impuestos sobre la renta, y volvería a ser reducido por el impuesto a la remesa, violando con ello el Tratado México y Estados Unidos para evitar la doble tributación que data de 1994.

Se trata de un atentado contra los compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos, y una señal de desdén hacia los derechos humanos y económicos de millones de personas.

Un retroceso en la cooperación regional

En lugar de castigar los lazos familiares y culturales que unen a los pueblos, se debería fortalecer la cooperación económica y social. Un impuesto como este sólo agravará las causas estructurales de la migración: pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. Paradójicamente, muchas de las familias afectadas se verán forzadas a migrar, aumentando la presión migratoria que la misma política pretende frenar.

Conclusión

Decimos no al impuesto a las remesas. No se puede permitir que los migrantes sean tratados como instrumentos políticos o como fuente de recaudación injusta. La comunidad internacional, los países afectados y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben alzar la voz.