

David Monreal, enfrentó un lunes complicado. | Foto: Cortesía.
El Runrún de hoy, martes 25 de noviembre del 2025.
La gobernabilidad en Zacatecas atraviesa un momento complejo, y el lunes lo dejó claro al iniciar una semana cargada de tensiones que la ciudadanía debió sortear. Desde primeras horas, agricultores inconformes bloquearon carreteras como parte de un movimiento nacional que en el estado encontró eco por diversas inconformidades locales.
Al mismo tiempo, la Sección 58 del SNTE declaró un paro indefinido que puso en pausa actividades educativas y evidenció la necesidad de mayor claridad y comunicación en el proceso de federalización de la nómina. El magisterio reclama información precisa y toma de decisiones con diálogo abierto.
Hacia el mediodía, dos elementos de la Policía Estatal Preventiva resultaron heridos tras la detonación de un artefacto explosivo, hecho que subraya la urgencia de fortalecer las estrategias de seguridad de los elementos. Además, en otros puntos del estado se registraron incidentes que reforzaron la percepción de una jornada complicada.
A ello se suman las demandas universitarias: la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas mantiene una huelga activa y la Universidad Tecnológica inició paro indefinido, mientras que grupos de campesinos acudieron al Congreso para expresar sus inquietudes.
Más que un episodio aislado, el día reflejó retos acumulados y la necesidad de ajustar la conducción gubernamental, fortalecer la interlocución con distintos sectores y atender los temas que hoy exigen soluciones de fondo. Zacatecas enfrenta desafíos importantes, pero también tiene la oportunidad de encauzarlos con diálogo, claridad y rumbo. Ojalá se de por el bien de Zacatecas.
“Federalización de nómina garantiza estabilidad y derechos docentes”: SEZ
La discusión sobre la federalización de la nómina educativa ha generado tensiones políticas y temores entre algunos sectores del magisterio, las autoridades educativas estatales señalan que el proceso representa un avance histórico en la certeza laboral de miles de docentes, y que lejos de tratarse de un ajuste improvisado, la transferencia de plazas al sostenimiento federal es un trámite técnico que garantiza derechos, estabilidad y beneficios concretos.
El paso al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), si es que éste los acepta y tiene los recursos disponibles, coloca automáticamente a los maestros estatales bajo el mismo marco de derechos que los trabajadores federales de la educación.
Además, legislaciones como las del IMSS y el ISSSTE aseguran la portabilidad pensionaria, una herramienta que protege la trayectoria laboral sin sacrificar antigüedad ni prestaciones.
Las autoridades recuerdan que incorporar a los docentes al FONE ha sido una demanda histórica del propio magisterio estatal, incluido por años en los planteamientos de líderes como Marcelino Rodarte, quien defendía esta transición como la única solución estructural al déficit crónico que afecta a los maestros. La federalización incluso abre la puerta a beneficios como los programas de vivienda, de los que los docentes federales sí disponen. Entonces, según las autoridades, los señalamientos sobre el Issstezac, aunque relevantes, no deben colocarse por encima de la certeza laboral de los activos.
La prioridad, como insisten las autoridades, debe ser garantizar derechos y no preservar estructuras colapsadas. Las posiciones están muy encontradas, y falta que el FONE diga si acepta a los maestros de Zacatecas.
Explota conflicto por abusos y corrupción en el CAM
El Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas (CAMZAC) dirigido por Honorio Jímenez Contreras se ha convertido en una auténtica olla de presión. Lo que hoy denuncia el Colectivo de Estudiantes y Docentes CamZac “Rompiendo el Silencio” no es producto del enojo momentáneo ni de un clima político adverso, es la evidencia acumulada de un deterioro institucional profundo, sostenido por años de silencios cómplices y omisiones directivas.
Cuando una escuela formadora de docentes permite —o tolera— relaciones afectivas, sexuales o de favoritismo entre maestros y alumnas, no estamos frente a un rumor incómodo sino ante un ejercicio de poder que vulnera, hiere y trastoca la vida académica y emocional de las estudiantes.
Peor aún, cuando esas denuncias aparecen, las respuestas suelen repetirse como un guion aprendido: minimizar, justificar, proteger a los señalados. La institución calla mientras las víctimas cargan con la exposición y el desgaste.
El CAMZAC no puede predicar ética cuando reproduce prácticas que constituyen violencia y abuso de poder. No puede hablar de pedagogía crítica mientras normaliza lo que después dice combatir.
Hoy ya existen denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, de Ernesto González, la Fiscalía General de Justicia del Estado encabezada por Cristian Camacho, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos dirigida todavía por Maricela Dimas . Esta olla de presión está a punto de reventar, y el escándalo podría superar incluso lo ocurrido en la Técnica Número Uno.
Runrunazos
El hallazgo de siete cadáveres en la frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí escaló rápidamente de un operativo de rutina a un conflicto institucional que ya exhibe fisuras profundas entre ambos gobiernos. La retención de cuatro policías potosinos —localizados en una camioneta civil con presuntos indicios incriminatorios, según el secretario de gobierno de Zacatecas,— abrió un diferendo que, lejos de aclararse, se agudiza con versiones encontradas. Mientras Zacatecas sugiere responsabilidad directa, San Luis Potosí reclama opacidad y exceso. Una diferencia de criterio, si no se atiende con rigor y coordinación, puede derivar en un problema político mayor que debilite la seguridad regional y la confianza entre autoridades.