El Runrún: Mentiras oficiales afectan a víctimas y ciudadanía

El caso de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo expone la gravedad del manejo institucional en Zacatecas frente a situaciones críticas como las desapariciones.
La difusión de información “falsa” sobre el hallazgo de un cuerpo y la detención de un responsable, posteriormente desmentida por la Fiscalía de San Luis Potosí, no sólo refleja irresponsabilidad local, sino también la profunda carencia de coordinación entre estados.
Durante años, Zacatecas fue percibido como un territorio donde la impunidad cobijaba a sus autoridades; hoy, esa percepción choca con la necesidad de credibilidad y respeto hacia las víctimas.
La fiscal potosina evidenció no sólo la falta de identificación del cuerpo ni detenciones, sino la ausencia de colaboración interinstitucional. Este desorden institucional afecta directamente a las familias en búsqueda de justicia, dejando en evidencia que la improvisación y la mentira son inaceptables en casos tan sensibles.
La fiscal de San Luis en sus comentarios dejo entre ver que era “muy extraño” que el gobierno de Zacatecas tuviera información sobre el cuerpo localizado al confirmar que era Aida Karina. San Luis no es reconocido como un estado que busca la justicia ni por tener una estrategia de seguridad envidiable, que le haya corregido la plana a los zacatecanos en las grandes ligas de seguridad se considera es muy lamentable para Zacatecas. Dicen que el que calla otorga, que el Gobierno de Zacatecas no haya emitido ningún comentario tras los señalamientos de la Fiscalía de SLP, confirma que hablaron de más.

¿Grupo Constructor Plata controla Secretaría de Obras Públicas?
Sorprende el reciente nombramiento del ingeniero Francisco Javier Ortega Valdez como subsecretario de Obras Públicas del estado de Zacatecas. Y es que Ortega Valdez fue, durante 27 años, gerente de presupuestos en Grupo Constructor Plata, una de las empresas con mayor presencia en la obra pública estatal.
Bien dice el dicho: “piensa mal y acertarás”. No es menor que alguien con un historial tan estrechamente vinculado a una firma contratista asuma ahora un cargo clave en la definición y ejecución de proyectos de infraestructura.
La titular de la Secretaría, Mildret Karla Montes Inchaurregui, ingeniera en sistemas, ha mostrado escasa experiencia en el ramo, lo que ha derivado en una dependencia más vulnerable a intereses externos. En este contexto, crecen las dudas sobre la verdadera autonomía técnica de la institución.
La trayectoria de Grupo Constructor Plata, con su auge entre 1998 y 2004, parece seguir vigente gracias a su capacidad de adaptación al poder en turno. Hoy, bajo la administración de David Monreal Ávila, todo indica que vuelve a posicionarse como una de las grandes beneficiarias de la obra pública en Zacatecas. El riesgo es claro: que el interés público quede subordinado, una vez más, a intereses privados.

Llegada de Ortega Valdez confirma conflicto de interés
La designación de Francisco Javier Ortega Valdez como subsecretario de Obras Públicas no es una casualidad administrativa ni un movimiento menor dentro de la estructura estatal. Su arribo responde directamente a la resistencia que, de manera reiterada, mostró su antecesor, el arquitecto Ulises Abraham García Báez, al negarse a concretar los trámites del finiquito por la cancelación del polémico viaducto elevado, obra asignada al consorcio HYCSA.
La negativa de García Báez se interpretó como un acto de dignidad institucional, pues se resistió a convalidar un proceso cargado de opacidad y decisiones cuestionables. No obstante, el costo político fue alto: su salida se convirtió en una medida inevitable para allanar el camino a quienes hoy concentran el poder real en la Secretaría de Obras Públicas.
Ortega Valdez no es un improvisado. Durante casi tres décadas ha sido la mano derecha de José Guadalupe Bañuelos Robles y el operador silencioso de los negocios más delicados del grupo constructor más próspero del estado.
Su presencia en la subsecretaría garantiza que los intereses de dicho grupo se mantengan intocados, aunque ello signifique sacrificar la transparencia y el interés público en beneficio de una élite empresarial.

Inicia ciclo escolar entre incertidumbre y falta de claridad
Mañana, lunes primero de septiembre, arranca un nuevo ciclo escolar en Zacatecas, pero en lugar de entusiasmo lo que reina entre el magisterio estatal es la incertidumbre. Los maestros de la Sección 58 del SNTE aún desconocen si, con la federalización de casi mil plazas estatales, seguirán teniendo como patrón al gobierno del estado o si sus condiciones laborales quedarán bajo la tutela de la federación.
La opacidad en el proceso ha generado un clima de preocupación legítima. No se trata únicamente de una duda administrativa: lo que está en juego son salarios, prestaciones, seguridad social y, sobre todo, las jubilaciones. Derechos adquiridos que no pueden ponerse en entredicho bajo ninguna circunstancia.
El líder sindical, Marcelino Rodarte, ha sido claro: la transición requiere una mesa de análisis seria y responsable, en la que se definan las reglas y se garantice que los maestros no serán los grandes perdedores de esta aparente “federalización”.
En vísperas del regreso a clases, lo que menos necesita la educación en Zacatecas es mayor descontento e incertidumbre. El gobierno estatal y la Secretaría de Educación deben dar explicaciones claras y puntuales. La educación merece certidumbre, y los maestros, respeto a sus derechos.

Sindicatos magisteriales asumen rol patronal en educación
El pasado viernes, en el Centro de Actualización del Magisterio (CAM), la dirigencia de la sección 34 del SNTE reunió a los maestros con clave “homologada” para comunicarles una decisión que ha generado polémica.
Por instrucciones de la secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales, quienes tengan adscripción fuera del CAM deberán regresar a su centro de trabajo o, de lo contrario, perderán la plaza por la vía legal.
Lo verdaderamente llamativo no es sólo la medida en sí, sino la manera en que los líderes sindicales adoptaron un papel patronal, al exigir el retorno inmediato sin abrir espacio a diálogo o negociación. Si todos los maestros acuden, será evidente la desproporción: más docentes que alumnos.
La discusión no debería centrarse en los beneficiarios de esas plazas, pues es de sobra conocido que muchas fueron producto de favores políticos, sino en quién permitió y avaló esas asignaciones irregulares. Ese nombre es claro: José Honorio Jiménez, actual director del CAM.
La pregunta ineludible para los dirigentes sindicales es si también tendrán el valor de informar que la Secretaría de la Función Pública ya investiga al propio director por los nombramientos cuestionados.
Gobierno muestra indiferencia frente a víctimas desaparecidas
Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, quedó en evidencia la falta de atención y empatía de las autoridades locales. Mientras las madres buscadoras encabezaron una manifestación que recordó la ausencia de cientos de personas, el gobierno permaneció al margen, mostrando que la organización de eventos significativos no es su prioridad.
La verdadera conmemoración, la que exige memoria y justicia, se vivió en las calles gracias a la valentía de quienes buscan a sus hijos, hermanos y familiares, y no en los despachos ni en comunicados oficiales.
La información difundida por las autoridades, carente de datos verídicos y de hechos concretos del día previo, evidencia una desconexión preocupante con la realidad que enfrentan las familias. En lugar de apoyar y visibilizar el dolor de las víctimas, se opta por una narrativa parcial que desinforma y minimiza.
La empatía y la responsabilidad institucional no pueden quedarse en palabras; deben traducirse en acciones y reconocimiento del sufrimiento real.

Villa de Cos exige caminos dignos
Los vecinos de Villa de Cos han decidido alzar la voz y no con simples palabras, sino con una queja formal acompañada de gráficas que documentan el deterioro de varios caminos que, por ley y responsabilidad, deberían estar bajo el cuidado del gobierno estatal y, en algunos casos, del municipal.
Es inadmisible que en pleno 2025 las comunidades tengan que rogar por vías transitables, cuando estas son la base del desarrollo económico y social de cualquier región. Ojalá la ingeniera Mildret Karla Montes Inchaurregui, titular de la Secretaría de Obras Públicas, no guarde este expediente en el cajón del olvido y se decida a tomar cartas en el asunto, porque lo que se exige no es un favor: es un derecho ciudadano.

Runrunazos
Armando Flores de la Torre cierra su gestión como rector tras cumplir su sueño de liderar la UAZ. Sin embargo, su última semana deja interrogantes sobre decisiones pendientes y problemas estructurales sin resolver. Su legado será recordado por ser el más breve y controversial desde que la Universidad es Universidad. El seis de septiembre marca un relevo que promete enfrentar los desafíos que él dejó.