El Runrún: Justicia sin política: juez actuó con independencia jurídica

La aclaración del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Villegas Márquez, sobre el caso del rector de la UAZ evidencia una preocupante distorsión mediática de los hechos judiciales. Afirmar que el juez reclasificó delitos sin fundamento legal no solo desinforma, sino que pone en duda la integridad del Poder Judicial.
Villegas fue claro: el juez resolvió con base en los elementos presentados por ambas partes. No hubo reclasificación, sino una determinación judicial ajustada al debido proceso. El delito de violación equiparada no se acreditó, pero sí el de abuso sexual. El imputado aceptó su responsabilidad, lo que permitió un procedimiento abreviado, legal en todo el país.
Lamentablemente, el desconocimiento o la falta de información sobre el funcionamiento del sistema judicial alimenta juicios sociales marcados por la desconfianza. En la narrativa de boca en boca, la justicia parece ausente; se acusa al juez o a la fiscalía de proteger al imputado, sin entender que, en muchos casos, lo que opera es el debido proceso. Tal vez haya fallas, quizá sí hay omisiones, pero también es cierto que gran parte del malestar surge de no comprender en qué consiste una resolución legal ni cómo se construye una sentencia.
En un país donde la impartición y procuración de justicia están constantemente bajo sospecha, casos como este no ayudan a fortalecer la credibilidad institucional. Por el contrario, profundizan la percepción de impunidad. La desconfianza social hacia las fiscalías y los tribunales crece cuando no se comunica con claridad por qué se toman ciertas decisiones, y cuando los actores públicos no hacen lo suficiente por explicar, con responsabilidad, cómo funciona el sistema legal.

Crisis educativa en Zacatecas: un grito ignorado
Zacatecas enfrenta una de sus peores crisis educativas en décadas. La UAZ está paralizada por conflictos políticos y administrativos, dejando a miles de estudiantes sin clases. Al mismo tiempo, el magisterio de educación básica ha iniciado un paro indefinido en demanda de mejores condiciones laborales e infraestructura digna.
Esta crisis refleja un abandono institucional generalizado. Mientras los maestros exigen atención, también el campo alza la voz: productores han llegado al extremo de lanzar cebollas a la Cámara de Diputados ante la falta de apoyo. La educación, clave para el desarrollo, está siendo relegada por intereses políticos. Si no se actúa con urgencia, el daño será irreparable. En todos los casos los culpables tendrán nombre y apellido conocido: Rubén Ibarra, de la UAZ; Gabriela Pinedo, de la SEZ; de la Secampo, Luis Gerardo Cervantes, y algunos otros que entran por ser corresponsables.

Frijoleros exigen transparencia y fin a coyotaje urgente
Este martes, los frijoleros encabezados por Fernando Galván se manifestaron frente a la Legislatura del Estado para exigir mayor transparencia en los centros de acopio de Segalmex. La demanda es clara: quieren que se garantice un proceso justo y sin intermediarios abusivos que les resten ganancias.
Los agricultores denuncian la presencia de coyotes, algunos que encabeza el diputado Jesús Padilla Estrada, especialmente los afiliados a la AUPRINEZA, que, aprovechándose de la necesidad, compran su producto a precios bajos para luego lucrar con él. Esta situación no solo perjudica la economía de los productores, sino que afecta la cadena de suministro y el mercado nacional de frijol.
La transparencia en los centros de acopio es fundamental para evitar corrupción y asegurar que los beneficios lleguen directamente a quienes trabajan la tierra. Es urgente que las autoridades federales atiendan estas demandas para fortalecer el sector agrícola y garantizar justicia para los frijoleros mexicanos. A la espera de ver qué políticos zacatecanos se comprometen a ayudarlos.

Lenia Batres visita Zacatecas
Este martes en Zacatecas, Lenia Batres Guadarrama, quien se presenta como “ministra del pueblo”, encabezó una actividad que, en pleno proceso electoral, plantea serias dudas sobre los límites entre el ejercicio institucional y la promoción política. En lugar de acudir a un foro académico donde pudiera debatirse su visión jurídica con seriedad, eligió la comunidad de El Orito para encabezar un acto con fuerte carga simbólica y política, más orientado a ganar simpatías que a fortalecer el diálogo jurídico.

La decisión de evitar espacios donde su discurso pudiera ser cuestionado revela una preferencia por el aplauso fácil y la narrativa populista, en lugar del análisis crítico que exige su responsabilidad como ministra. La ausencia deliberada del debate académico evidencia un interés más por posicionarse políticamente que por defender la autonomía judicial.
En tiempos de campaña, cuando todos los actores públicos deben conducirse con prudencia, preocupa que una integrante de la Suprema Corte participe en actividades que desdibujan la frontera entre lo institucional y lo electoral. Todos los candidatos y funcionarias en funciones deben cuidar con rigor esa línea delgada que separa la justicia de la propaganda.

Runrunazos
El reciente relevo en el gobierno municipal de Guadalupe, con el nombramiento de Juan Antonio de Alba como nuevo tesorero por parte del alcalde Pepe Saldívar, representa un movimiento estratégico en el municipio. El tiempo juzgará.