
Marcelino Rodarte, dirigente de la sección 58 del SNTE. | Foto: Cortesía.
El Runrún de hoy, martes 20 de mayo del 2025.
A casi cuatro meses de las movilizaciones que paralizaron Zacatecas y que fueron encabezadas por el magisterio en Zacatecas, aseguran maestros que los acuerdos pactados siguen sin cumplirse. El incumplimiento en el pago de becas para hijos de trabajadores aseguran no solo viola una promesa concreta, sino que erosiona la confianza en las autoridades educativas y gubernamentales.
A ello se suma la falta de revisión a los protocolos de convivencia escolar, lo que ha derivado en despidos injustificados. Este abandono institucional hacia las y los trabajadores de la educación resulta alarmante, particularmente cuando se acompaña de una propuesta salarial calificada como insuficiente: un aumento global del 9%, que en los hechos no representa una mejora real en el ingreso directo de los docentes.
La Sección 34 del SNTE mantiene su protesta y ahora se suma la Sección 58 de maestros estatales, encabezada por Marcelino Rodarte Hernández. Las acciones anunciadas —como la toma de casetas y planteles escolares— reflejan una desesperación legítima, provocada por la indiferencia del gobierno estatal. Porque esto no se trata solo de dinero, sino de dignidad y del reconocimiento al papel esencial que juega el magisterio en la vida pública del país y en ese plan de construir Bienestar para todos.
Si el gobierno realmente aspira a la paz social y a la estabilidad educativa, necesita cumplir con los compromisos adquiridos y establecer un diálogo auténtico, transparente y con voluntad de solución. Ignorar las demandas magisteriales solo profundiza la crisis. Porque si no hay diálogo, el monstruo puede volver a despertar.
Consejo universitario rechaza renuncia e inicia destitución
El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) tomó anoche una decisión sin precedentes: rechazar la renuncia presentada por el rector Rubén Ibarra Reyes y dar paso al inicio de un proceso para su destitución.
Este giro en la vida institucional de la UAZ evidencia no solo una profunda crisis de liderazgo, sino también un ambiente político-administrativo enrarecido que amenaza con desestabilizar aún más a la máxima casa de estudios del estado.
La negativa a aceptar la renuncia, lejos de ser un acto de respaldo, parece una estrategia para llevar a cabo un juicio institucional que podría terminar con la destitución del rector Rubén Ibarra Reyes por delitos graves por los que ya fue juzgado y sentenciado.
Obligada renuncia de Ángel Román Gutiérrez a la secretaría general de la UAZ
Ante esta grave crisis institucional. El rector electo, Ángel Román Gutiérrez, debe presentar de inmediato la renuncia a la Secretaría General, cargo al que solicitó licencia para poder contender por el cargo de Rectoría.
Para fortalecer la legalidad y poder arrancar el proceso de destitución, conforme la Ley Orgánica, debe quedar acéfala la secretaría general para que pueda ser nombrado oficialmente el nuevo responsable, y en este caso, una vez hecho el procedimiento, se pueda dar el nombramiento legítimo de Armando Flores de la Torre como rector interino.
Lamentablemente, algunos consejeros universitarios, movidos por intereses políticos y no por el bienestar de la institución, se resisten a aplicar la norma clara que establece la sustitución. Ante el descrédito público, es urgente recuperar el rumbo legal e institucional. Pierden tiempo valioso.
¿Recibe protección Yesenia Ramos en la SECAMPO?
La reciente manifestación de trabajadores de la Secretaría del Campo pone en el centro del debate una serie de señalamientos preocupantes sobre el ambiente laboral dentro de la dependencia. Los inconformes denunciaron malos tratos y posibles casos de acoso laboral, señalando directamente a Yessenia Ramos Leal, directora de Recursos Humanos.
Más allá de las acusaciones, lo que ha generado inquietud en algunos sectores es que Ramos Leal es hermana del diputado local Eleuterio Ramos Leal, lo que ha llevado a cuestionar si existe algún tipo de protección política que impida una investigación imparcial y a fondo.
Aunque no hay pruebas concluyentes sobre una intervención directa del legislador, el hecho de que las denuncias no hayan tenido respuesta por parte del gobierno estatal alimenta la percepción de una posible red de influencias entre los poderes públicos.
En un momento en que el respeto a los derechos laborales debería ser una prioridad, resulta preocupante que persistan prácticas que podrían vulnerar la dignidad de los trabajadores. Más que juicios anticipados, lo que se exige es transparencia, atención institucional y una investigación seria que aclare los hechos y deslinde responsabilidades.
Runrunazos
Ha pasado más de una semana desde que un juez federal ordenó el retiro de la maquinaria del Viaducto Elevado y, sin embargo, no se han visto avances significativos. Todo indica que no hay intención real de cumplir la resolución judicial ni de proteger el equipo ni a la ciudadanía. La indiferencia contrasta con lo ocurrido la noche previa al 8 de marzo, cuando, ante el temor de que el bloque negro feminista pudiera vandalizar la maquinaria durante las protestas, las autoridades actuaron de inmediato: retiraron toda la maquinaria y cubrieron los hoyos, preocupados por evitar otro accidente como el ocurrido días antes donde una persona cayó más de 20 metros. Hoy, en cambio, reina la desidia. No hay prisa, no hay seriedad.