El Runrún: ¿Hubo justicia en el caso de Rubén “N”?

Entre integrantes de la comunidad universitaria de la UAZ hay un profundo sentimiento de indignación y decepción ante la forma en que se resolvió el caso de Rubén Ibarra Reyes. Para muchos, la reclasificación del delito de violación equiparada a abuso sexual y la posterior sentencia reducida mediante un procedimiento abreviado representan no solo una burla a la justicia, sino una herida directa a los derechos de la niñez. Desde diversas voces académicas se ha señalado que este proceso se llevó a cabo sin perspectiva de género y sin velar por el interés superior de la víctima, lo cual contradice los principios más elementales de legalidad, ética y responsabilidad institucional. El hecho de que un agresor confeso mantenga vínculos laborales o representativos dentro de una institución educativa pública es visto como una afrenta al compromiso que esta debe tener con la formación, la seguridad y la dignidad de su comunidad. Todo esto ocurre en un contexto especialmente delicado: en medio de una campaña sistemática del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial por criticar la liberación de delincuentes por errores en los procesos. El caso adquiere así una dimensión aún más preocupante, pues exhibe cómo la justicia puede ser vulnerada desde dentro, justo cuando se debate quién y cómo ejercerá el poder de impartirla..

¿Fiscalía de Zacatecas favorece impunidad en caso Rubén “N”?
La reciente actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, encabezada por Cristian Paul Camacho Osnaya, en el caso de Rubén Ibarra Reyes, ha despertado serias dudas sobre la solidez de sus procesos y su verdadero compromiso con la justicia. La reclasificación del delito y la posibilidad de una sentencia reducida que le permita cumplir en libertad generan cuestionamientos legítimos: ¿fue esta decisión parte de una estrategia negociada desde el principio o resultado de deficiencias en la integración del caso? ¿Hasta qué punto la Fiscalía condescendió o simplemente actuó con negligencia?
No se trata de un hecho aislado. La institución arrastra una serie de carpetas mediáticas no resueltas que refuerzan la percepción de debilidad estructural. Ahí están los casos de Julio César “N” y Mauro Yuriel “N”, exalcaldes de Guadalupe y Apulco, que permanecen evadidos; Benjamín “N”, quien ha ganado amparos por fallas en la investigación; y expedientes de corrupción que, pese a su relevancia pública, siguen sin judicializarse.
La Fiscalía enfrenta una prueba crucial: demostrar que tiene la capacidad técnica y ética para integrar carpetas con rigor, actuar con independencia y responder a una sociedad que exige justicia. Porque mientras persistan la tibieza y la opacidad, el sistema seguirá alimentando la impunidad y debilitando la confianza ciudadana.

La renuncia o destitución del rector de la UAZ: una urgencia ética y legal
Como ya lo advertimos en esta columna hace unos días, a Armando Flores de la Torre le tocó sacar la rifa del tigre. La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) atraviesa una crisis institucional profunda, y la indignación social por la aceptación judicial de Rubén ”N” de haber cometido el delito de abuso sexual no es menor. Lo lógico —por dignidad personal y respeto a la universidad— habría sido su renuncia inmediata. En lugar de eso, ha arrastrado a la institución al desgaste de tener que solicitar formalmente su destitución.

Cada día que se retrasa ese procedimiento no solo erosiona aún más la credibilidad de la UAZ, sino que alimenta un clima de impunidad y encubrimiento que pone en entredicho el futuro de la comunidad universitaria. Armando Flores, como autoridad visible en este momento, no puede eludir la responsabilidad de actuar con firmeza.
El artículo 31 del reglamento del Consejo Universitario es claro al establecer los mecanismos para remover al rector cuando su conducta afecta gravemente los intereses de la universidad. No es un recurso simbólico, sino una herramienta legítima para salvaguardar la integridad institucional. Su aplicación inmediata es una exigencia moral.
A estas alturas, esperar una renuncia “voluntaria” es ingenuo, cuando no cómplice. El Consejo Universitario tiene la responsabilidad legal y ética de actuar ya.
Cada minuto de pasividad mina la confianza de estudiantes, docentes y sociedad. Es hora de demostrar que la UAZ no es rehén de pactos de silencio ni de intereses personales. La universidad necesita liderazgo ético, no simulación.

¿Quién protege al sindicato cuando su líder es la señalada?
La vinculación a proceso de Jenny “N”, secretaria general del SPAUAZ, por administración fraudulenta revela una grave fractura ética en el liderazgo sindical universitario. Resulta absurdo que, pese a enfrentar un proceso penal por el uso indebido de los recursos de la fundación del SPAUAZ —propiedad de todos los agremiados—, Jenny continúe al frente del sindicato, aunque con restricciones. ¿Qué mensaje se envía a la comunidad universitaria cuando una figura acusada de traicionar la confianza de sus representados permanece en funciones?

Aunque el Poder Judicial no puede destituirla formalmente, sí le ha prohibido participar en decisiones administrativas del sindicato mientras se resuelve su situación legal, especialmente en relación con la compra irregular de una bodega que motivó la acusación. Sin embargo, la lógica institucional y la ética sindical obligan su separación del cargo. Que Jenny no haya presentado su renuncia revela la normalización de la impunidad, la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas y la poca consideración que le tienen al debido proceso.
La Universidad Autónoma de Zacatecas, ya golpeada por escándalos, no puede seguir tolerando liderazgos bajo sospecha. La comunidad merece representantes íntegros, no figuras que arrastran procesos penales y manchan aún más la credibilidad institucional.

Runrunazos
La reunión entre el alcalde de Jerez, Rodrigo Ureño, y el obispo Sigifredo Noriega no fue solo diplomática, sino un ejemplo de colaboración institucional por el bienestar social. En tiempos de polarización, el encuentro entre gobierno e Iglesia es un acto de responsabilidad compartida.
El municipio reconoce el papel social de la Iglesia en la cohesión comunitaria y la atención a sectores vulnerables. A su vez, el obispo asume una postura constructiva, consciente de que los retos actuales requieren unidad.
Esta relación no busca confundir esferas, sino sumar esfuerzos por una sociedad más justa. Que este diálogo marque el inicio de una agenda conjunta con metas concretas: paz, justicia y desarrollo. Hay voluntad por construir juntos.
Carmen Saucedo fue reelegida con el 87.5 % de los votos al frente del STUAZ, lo que refleja su consolidación como líder sindical y el respaldo de la base por la estabilidad. Su gestión, centrada en derechos laborales, ha sido bien valorada.
Sin embargo, su tercer periodo consecutivo plantea dudas sobre la renovación interna. La escasa competencia —una oposición con apenas el 9 %— evidencia una estructura difícil de desafiar.
En un sindicato clave como el STUAZ, es vital equilibrar experiencia con apertura. La legitimidad se fortalece con pluralidad y debate real, no solo con victorias abrumadoras.