
Griselda Flores,candidata a magistrada. | Foto: Cortesía.
El Runrún de hoy, martes 01 de abril del 2025.
El secretario académico de la UAZ, Hans Hiram Pacheco, ha buscado posicionarse como un defensor de la equidad de género al proponer que la convocatoria para la elección de rectoría incluya la paridad en candidaturas. Sin embargo, esta propuesta no es más que un gesto oportunista, pues la paridad de género ya es un mandato constitucional y, por lo tanto, una obligación legal que debe cumplirse sin necesidad de que él la impulse como si fuera una idea novedosa.
Más que una verdadera preocupación por la inclusión de las mujeres en espacios de poder, esta acción parece un intento de obtener protagonismo en el proceso electoral universitario. Si realmente le importara la equidad, su lucha habría sido constante y no una estrategia conveniente en tiempos de elecciones.
El oportunismo político disfrazado de causa justa es peligroso porque convierte temas fundamentales en simples herramientas de campaña. La igualdad de género es un derecho, no una bandera para ganar simpatías momentáneas. Si la intención de Pacheco fuera genuina, trabajaría por garantizar condiciones reales de acceso y participación para las mujeres, en lugar de apropiarse de una obligación ya establecida por la ley para proyectarse como un promotor del cambio.
Suspensión de la COEPES: una decisión que refleja desinterés y desorganización
La reciente suspensión de la Primera Sesión de 2025 de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) es un ejemplo más del poco compromiso que las autoridades educativas parecen tener con la educación superior en nuestro estado. La justificación proporcionada para la postergación —la salida a México de la secretaria de Educación, Gabriela Pinedo— deja más preguntas que respuestas y evidencia una preocupante falta de previsión y profesionalismo en la gestión de temas fundamentales para el desarrollo educativo.
En un contexto donde la educación superior enfrenta desafíos urgentes, como la mejora de la calidad educativa, el acceso equitativo y la vinculación con el sector productivo, la suspensión de una sesión clave sin una nueva fecha establecida genera incertidumbre y envía un mensaje de improvisación.
¿Es posible que un viaje de la secretaria sea razón suficiente para detener el trabajo de un organismo tan relevante? ¿No existen mecanismos para garantizar la continuidad de la planeación educativa más allá de la agenda personal de una funcionaria?
El Gobierno entrega nuevas concesiones de taxi
El reciente anuncio del gobernador David Monreal sobre la entrega de nuevas concesiones de taxi en Zacatecas merece una lectura más crítica. Si bien es justo reconocer el esfuerzo de los trabajadores del volante que durante años han operado sin certeza jurídica, otorgar más concesiones no resolverá por sí solo los problemas estructurales del transporte público.
Es necesario que esta decisión venga acompañada de un compromiso serio con la mejora de la calidad del servicio. De lo contrario, se corre el riesgo de saturar aún más el sistema sin generar un verdadero beneficio para los usuarios. El servicio de taxi tradicional enfrenta hoy una competencia clara: plataformas como Uber y DiDi han captado a miles de usuarios que valoran la puntualidad, el trato y la percepción de seguridad.
Si el gobierno busca fortalecer el transporte público concesionado, debe establecer mecanismos de evaluación continua, así como promover la capacitación de los operadores y fomentar una cultura de servicio que priorice al usuario. Solo así se podrá dignificar el oficio del taxista y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de la ciudadanía.
Reconocer derechos y entregar concesiones es solo el primer paso. Lo que sigue es construir un modelo de transporte que realmente compita en calidad, accesibilidad y eficiencia. Eso será lo que marque la diferencia entre un acto administrativo más y una verdadera política pública de movilidad al servicio de todos.
Acusan a candidata a magistrada de circuito de cobrar en Sombrerete
Las acusaciones contra la exmagistrada laboral Griselda Fabiola Flores Medina, quien cobró como asesora de la síndica del municipio de Sombrerete y ahora es candidata a magistrada federal, generan serias preocupaciones sobre la ética y la legalidad en el ejercicio de la función pública.
Este tipo de situaciones plantea un conflicto de intereses claro, ya que una persona que busca ocupar un cargo de alta responsabilidad, como el de magistrado federal, debería mantener una total imparcialidad y transparencia en sus acciones.
El hecho de recibir un salario de una entidad pública mientras se encuentra en campaña para un cargo judicial podría interpretarse como una utilización indebida de su posición y recursos públicos para su beneficio personal, lo cual socava la confianza en el sistema judicial y en las instituciones.
Si bien las autoridades correspondientes deberán investigar los hechos y esclarecer cualquier irregularidad, las acusaciones ponen en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la administración pública para evitar abusos de poder y asegurar que quienes ocupan cargos clave lo hagan con el compromiso y la ética requeridos.
Runrunazos
La toma de la escuela primaria González Ortega en Zacatecas refleja una crisis educativa que afecta tanto a estudiantes como a docentes. La falta de recursos, la inseguridad y los conflictos sociales han provocado esta situación, poniendo en evidencia la urgente necesidad de soluciones estructurales. Es evidente la falta de capacidad de Alfredo Sánchez Mendoza, subsecretario de Educación Básica, quien además tiene su plaza en esa escuela primaria. Es esencial que las autoridades actúen con rapidez para garantizar la seguridad y el derecho a la educación. Que alguien ayude a la secretaria de Educación.