¿Queremos que siga habiendo intocables?

¿Entonces en qué quedamos? ¿En verdad queremos que nadie está por encima de la ley o seguimos en la tradición de “hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre?

La posible judicialización del expediente de Amparo Casar desató la campaña de sus compañeros de causa política presentándola como perseguida política, tal cual lo hicieron en su momento con Rosario Robles y otras personalidades públicas señaladas por el órgano de estado (ministerio público) como presuntos delincuentes integrando una carpeta de investigación para ser turnada ante juez competente.

No se trata de señalamientos en medios de comunicación con el poder de pintar como inocentes a los culpables y vice versa, muchas veces motivados con fines facciosos y sin sustento en genuinas investigaciones periodísticas.

El Estado mexicano, desde que existe, no ha dispuesto de las condiciones para garantizar la aplicación de la ley sin distingos entre ricos y pobres o entre afines y adversarios, la práctica del influyentismo ha sido tan común que hemos terminado por asumirla como normal, dando píe a la existencia de una minoría intocable si comete delitos que a otros le acarrearían severos castigos.

El clasismo ha determinado la conducta de la clase gobernante de los tres niveles de gobierno y en los tres poderes no solo en lo referente a la justicia ordinaria de índole penal, laboral y civil sino en la exigibilidad de cumplimiento de las obligaciones de la ciudadanía, como es ampliamente confirmado en el tema de los impuestos de los que hasta hace poco solían quedar exentos algunos de los más grandes contribuyentes, mismos que resisten los nuevos vientos unos en forma abierta, otros soterrada.

Es frecuente que para defender privilegios se invoque la pérdida de certidumbre jurídica ante acciones del estado, pero la existencia de intocables es la consagración máxima posible de la incertidumbre jurídica cuando no son las normas las que decidirán la suerte de las partes en litigio sino el superior poder adquisitivo o las mejores palancas de alguna de los actores.

Que la ley decida

Sería una traición a la legalidad que Amparo Casar sea sometida a proceso si es falso que siendo coordinadora de asesores del Secretario de Gobernación Santiago Creel su marido se suicidó arrojándose al vacío desde un piso de la Torres de Pemex, dónde tenía 129 días de relación laboral y que ella, valiéndose de su condición pudo lograr hacer pasar la tragedia como accidente laboral para obtener una elevada pensión de 125 mil pesos mensuales y el financiamiento de educación privada superior para sus hijos, pero en caso de ser verdad, se traicionaría la legalidad si no se aplica la ley por conveniencia política.

La única razón jurídicamente admisible sería la prescripción por el tiempo transcurrido.

Si el ministerio público adolece de eficacia para acceder a la verdad, con mayor razón los medios de comunicación tan acostumbrados a dictar sentencias, así como los “abajo firmantes” que en vez de demandar imparcialidad y estricto apego a derecho ni siquiera mencionan los hechos que se le imputan a la señora Casar, alegando que es víctima de persecución política como, según varios de los 89 firmantes de un manifiesto al respecto, es también Salinas Pliego.

Suele cuestionarse al actual régimen por los casos de “la barredora”, Segalmex”, ”Limones” de la CATEM, dónde aparecen actores políticos de alto calibre de la Cuarta Transformación, pero se omite que además de que el líder de la barredora está en prisión preventiva, fue denunciado por el propio gobierno de Tabasco, de la Cuarta Transformación, que el gobierno federal denunció los desvíos de Segalmex y mantiene en prisión preventiva a 28 presuntos autores de los delitos imputados y el monto de lo desviado ha sido recuperado.

El caso del secretario de organización en Durango de la central obrera de Pedro Haces es distinto, fue la denuncia de extorsión de las cámaras empresariales lo que dio lugar a la investigación que dio pie a su detención.

Todos coludos, todos rabones

¿Sería honesto que los amigos de los involucrados los defiendan argumentando persecución política? Lo correcto es demandar aplicar la ley sin concesiones indebidas a los involucrados y si más adelante les resulta responsabilidad a otros, sean quienes sean, deben recibir el mismo trato, llámense Adán Augusto, Pedro Haces o Ignacio Ovalle.

Defender a alguien solo por afinidad política aniquila la justicia.

A ninguna sociedad le favorece la persistencia de castas de intocables por poderío económico, político o social.

Para la autoridad es muy tentador no meterse con los poderosos y nadar de muertito, la voluntad ciudadana debe favorecer la extinción de intocables para que el estado de derecho sea de verdad.

Cuando la autoridad es omisa, todos perdemos.

Nos encontramos el lunes en Recreo

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