José Luis Medina Lizalde.
La historia de obras canceladas, retardadas o mal hechas ha inspirado la narrativa autoritaria de culpar a las pequeñas franjas de ciudadanía critica de “oponerse al progreso”.
Celebro la existencia de ciudadanía activa como la que se opone a la construcción del puente elevado en la Avenida López Mateos de la ciudad de Zacatecas, la pasividad colectiva es la principal aliada de los gobiernos que defraudan a los pueblos.
Dicho lo anterior, comparto mi pesimista convicción de que sea cual sea el desenlace, Zacatecas ya perdió, como explico a continuación.
Si la obra se cancela, Zacatecas habrá despilfarrado una multimillonaria de lo invertido en los estudios correspondientes, en las piezas de concreto pre-fabricadas, elevada renta de maquinaria. Todo ello sumado a la compensación pactada con la parte empresarial como indemnización por la cancelación.
Si la obra se realiza, la misma será con toda seguridad mucho más costosa de lo originalmente planeado debido a las demoras que se han presentado y que se vislumbran aún más impactantes en el futuro inmediato debido al pantano judicial en que dicha obra pública está inmersa.
A diferencia del Tren Maya y otras obras públicas emblemáticas nacionales de los últimos años, el pantano judicial al que me refiero no es resultado de sabotaje patrocinado por grupos de interés contrarios al gobierno en turno, los que con oportunismo se montan en la situación no hacen otra cosa que sumarse a todo lo que se mueve, a falta de propuestas alternativas consistentes que despierten interés en la ciudadanía.
El abogado Jorge Rada logró la primera victoria procesal significativa al obtener la suspensión provisional del acto reclamado, abriendo la posibilidad de que otros litigios recorran la misma senda, sobre todo si, como es factible, aunque no seguro, logra la suspensión definitiva.
El abogado me cuenta que decidió aportar sus conocimientos a la causa cuando el abuelo de su hija sufrió un infarto que “le hubiera costado la vida si demora diez minutos más en ser ingresado al hospital del ISSSTE” ubicado en la avenida intervenida.
¿Por qué el despacho de Jorge Rada logra en su primer acercamiento lo que no pudo el ayuntamiento de la capital, ni ICOMOS, ni partidos opositores ni ciudadanos movilizados contra la obra?
Por la vulnerabilidad jurídica provocada por trámites omitidos o mal hechos. Así de triste es nuestra realidad.
Alguna explicación debe caber en el hecho de que al gobierno de Amalia García le pareció conveniente hacer un “segundo piso” en la Avenida López Mateos, aunque luego desistió en su propósito. Quedaron claras las razones para cancelar la obra, pero no las que motivaron la iniciativa que, corregida y aumentada, años después retomaría el gobierno de David Monreal. En ambos episodios los argumentos en contra tienen amplia resonancia mientras que los que existen a favor no tienen la misma difusión, circunstancia que puede originar una interpretación equivocada consistente en culpar a los que se oponen.
¿En verdad alguien puede culpar al pequeño grupo de comerciantes liderados por Villa Toribio de la demora durante décadas en usar los terrenos de la demolida Central Camionera para hacer un estacionamiento subterráneo y una Plaza?
Creo que nadie que respete la lógica le echaría la culpa a los ganaderos que en su momento pusieron “peros” al rastro TIF para que después de más de veinte años de tardanza se entregara la obra que finalmente no cumplió su objetivo, por mal planeada.
Tampoco los transportistas que renegaron del plan del “Metrobús” son los responsables de que solo quedara en plan, ni la pospuesta construcción del sistema integrado por la Presa Milpillas y su correspondiente acueducto puede ser atribuida a los miembros de los tres ejidos inconformes.
Hemos padecido gobiernos tan malos que no han podido dotarnos de rellenos sanitarios “como Dios manda”.
La historia de obras canceladas, retardadas o mal hechas ha inspirado la narrativa autoritaria de culpar a las pequeñas franjas de ciudadanía critica de “oponerse al progreso”, de ese modo se evade la autocrítica y se obstaculiza la formación de ciudadanía informada, consciente y vigilante capacitada para respaldar y para cuestionar.
Los que insisten en culpar a los ciudadanos de lo que a todas luces hacen mal los gobernantes (municipales y del estado) debieran decirnos a quien culpar por el desperdicio en que terminó lo invertido en plantas de tratamiento de aguas residuales, en dónde no hubo resistencia ciudadana.
El pantano judicial es un pantano político gestado por tantos años de nepotismo, corrupción administrativa, reparto clientelar de puestos públicos, saqueo hormiga e impunidad.
El mal de males, es la ausencia de planes, estrategias y voluntad política firme contra la corrupción local subterránea y manifiesta.
En agosto deberán reanudarse los trabajos de la presa Milpillas, nadie puede descartar otro empantanamiento.
Zacatecas no saldrá adelante sin inversiones públicas bien planeadas y mejor ejecutadas.
Sobre todo, con consenso social, esencia de buen gobierno.
Nos encontramos el lunes en Recreo