José Luis Medina Lizalde.
En los focos rojos del territorio nacional es fácil advertir dos calamidades que siempre van juntas: corrupción e ineficiencia.
Hay un abismo entre las capacidades de la federación y las de los estados focos de violencia. La persistencia de semejante desigualdad le pone límites a la eficacia frente a las bandas delincuenciales.
En Teuchitlán, la Fiscalía General de la República tiene que atraer la investigación debido al pésimo desempeño previo de las autoridades locales; y en la captura del enorme laboratorio de drogas sintéticas de la sierra de Valparaíso, la Marina operó sin compartir información con el gobierno del estado ni la autoridad municipal.
Ambas situaciones son rutina establecida desde la “Operación Cóndor” de los años setenta del siglo pasado, y desde mi punto de vista tiene plena justificación, no sólo en México sino en todos los países con desafíos similares.
El problema es que tal esquema de respuesta no se ocupa de la génesis del poder territorial al que acceden las bandas delictivas, mismas que necesitan de la abstención o complicidad activa de policías locales, personal de ministerios públicos y juzgados para que no interfieran en el reclutamiento de halcones, menudistas y consumidores, así como para que les avisen de movimientos de las fuerzas federales.
El universo delictivo en territorio incluye casas de seguridad, campos de refugio en despoblado, centros de cautiverio, privadores ilegales de libertad de mujeres, migrantes y “secuestrables”, sembradíos y laboratorios, todo lo cual genera una gran cantidad de movimientos sigilosos detectables solo por los que habitan el territorio.
Las fuerzas federales desplazan a sus elementos por todo el territorio nacional según la valoración de las circunstancias, los mandos de plaza son rotativos, cuanto les asignan una misión territorial a veces van con información suficiente y a veces con falsa información o sin la misma.
En los focos rojos del territorio nacional es fácil advertir dos calamidades que siempre van juntas: corrupción e ineficiencia, lo que provoca impunidad desde lo local y expone a las fuerzas federales a operar a tientas.
Eso significa que el problema de la inseguridad es político y la solución igual.
Zacatecas no tiene política de seguridad que se puede coordinar con la federal. Pasó de la dependencia total de lo que hicieran policías federales, marinos y soldados (incluyendo excesos tolerados), a etapas de irresponsable desdén a la política federal debido a diferencias partidarias, y de ahí a la actual actitud de “jalar parejo” pero sin iniciativa para consolidar las capacidades estatales y municipales en materia de seguridad.
La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas nace con un titular foráneo (Héctor Landecho) en 2002 y a pesar del tiempo transcurrido, el estado no ha formado elementos capacitados lo suficientemente confiables para ponerlos al frente de tan esencial tarea, exponiendo a la población a una especie de lotería en la cual nos brinda periodos de mandos eficaces alternados con otros que resultaron fallidos.
Otra manifestación de precariedad local es el origen foráneo del Fiscal General del Estado.
Una forma de remediar la debilidad local es buscando la asistencia federal en la capacitación de lo local. Hay muchos aprendizajes que podemos obtener de la asistencia planeada para desarrollar las capacidades de elementos de seguridad arraigados en el territorio que sean acompañantes confiables del esfuerzo federal.
Cuando la policía estatal preventiva hace la labor de un cuerpo municipal, la autoridad de ese nivel debe asumirlo como apoyo de emergencia, provisional, que de ninguna manera lo exime de la tarea de reclutar y capacitar elementos para evitar depender de un cuerpo de seguridad que puede verse forzado a atender otras urgencias en cualquier momento.
La asistencia federal a los estados debe incluir el desarrollo de sus capacidades, tal como vemos -con envidia de la buena- que sucede en la Ciudad de México, lo mismo los gobiernos estatales respecto a los municipios.
Harán mal en molestarse porque la Marina no avisó de su operación contra el megalaboratorio en Valparaíso.
El golpe es tan fuerte, que la secuela de represalias sería trágica para nuestras modestas fuerzas de seguridad. En cualquier país del mundo tal riesgo se toma en cuenta.
Hay que insistir, el problema de fondo es político, la solución también.
Lamentablemente, cada episodio de la vida pública sirve de ocasión para descargar las fobias que carga. En vez de sobredimensionar el explicable sigilo de la federación en la operación de Valparaíso, debemos tomar conciencia de que el cristal producido en el sitio reventado da cuenta de que este terrible producto se consume cada vez más en Zacatecas.
El infantilismo con el que la clase política local dirime sus diferencias agudiza nuestra vulnerabilidad ante la violencia.
No podremos desarrollar las capacidades estatales ante el desafío del crimen organizado si no reconocemos que la corrupción local es su mejor aliada.
Nos encontramos el jueves en Recreo