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Venezuela, también quiere y necesita emprendedores

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Víctor Manuel Silva Galaviz.

En el año 2003 el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, inició la revolución socialista al confiscar más de mil empresas y numerosas granjas y propiedades, incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kelloggs. Sin embargo, las nuevas empresas estatales fracasaron debido a una mala gestión. Utilizando sus vastos ingresos petroleros, el gobierno venezolano reemplazó los cultivos y la fabricación local por importaciones.

La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, fue puesta en manos de burócratas y se volvió ineficiente, convirtiéndose, en efecto, en un brazo del partido de Gobierno. Fue llevada a la ruina, plagada de corruptelas e ilegalidades de todo tipo y fue forzada a recortar su producción. Entre eso y las recientes sanciones de Estados Unidos, que aumentaron significativamente durante la presidencia de Trump, han destrozado una sociedad que alguna vez estuvo entre las más ricas del mundo.

Más de 5 millones de venezolanos han huido del país. El gobierno venezolano, que carga con cientos de empresas estatales quebradas en una economía que está en caída libre, está abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancia a cambio de una participación en ingresos o productos.

Docenas de plantas químicas, procesadoras de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas. Los administradores cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al gobierno.

Por ejemplo:

Agropatria, un negocio de suministros agrícolas de tamaño monopólico nacionalizado en 2010 que dirigía cinco empresas, ahora está recurriendo a la gestión privada. Más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas, confiscadas “para liberar a los productores de la extorsión y los intermediarios”, según el entonces presidente Chávez, ahora son administradas por Agrollano 2910, una empresa agrícola local que está invirtiendo casi 150 millones de dólares para reabastecerse.

Lácteos Los Andes, un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana.

Entonces, invertir en educación y formación emprendedora basado en un respeto al estado de derecho, genera mayores beneficios sociales al corto y al largo plazo, invertir en asistencialismo genera deuda estatal impagable, mayor corrupción y pobreza generalizada.

“El mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años. El segundo mejor momento, es ahora” – proverbio chino.

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