Trump embiste de nuevo: esta vez por lavado de dinero y fentanilo

Escribí ayer aquí que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a dos bancos mexicanos —CI Banco e Intercam— y a la casa de bolsa Vector, por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero vinculados al tráfico de fentanilo. Según su comunicado del miércoles pasado, estas instituciones facilitaron operaciones para el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo de los Beltrán Leyva. Se mencionaron cuentas abiertas para lavar millones de dólares y transferencias hacia empresas chinas sospechosas de proveer precursores químicos. Todo enmarcado en una orden ejecutiva de Donald Trump diseñada para atacar a actores financieros ligados al comercio de drogas ilícitas.

También anoté que la Secretaría de Hacienda respondió y defendió la legalidad de las operaciones observadas, atribuyéndolas al intenso comercio bilateral México-China —139 mil millones de dólares en 2024— y aseguró que no había recibido pruebas concretas por parte de EEUU. Admitió únicamente “faltas administrativas”, ya sancionadas con multas.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la UIF y Hacienda recibieron semanas antes información confidencial, pero la calificó como “muy general”. Sostuvo que los reportes se basaban en transferencias comunes entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas, sin que se presentara evidencia directa de lavado de dinero. Reprochó la falta de pruebas y resumió la posición del gobierno así: “ni lo negamos ni lo aceptamos; sencillamente, no hay pruebas”.

Sin embargo, después de lo que dijo la presidenta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ordenó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam, reemplazando a sus órganos de gobierno y representantes legales para “proteger a los ahorradores”. Pero, si no hay evidencia de delitos, ¿por qué una medida tan severa?

México insiste en que no hay elementos para proceder penalmente, pero EEUU eleva la presión y ayer el Departamento de Estado anunció nuevas restricciones de visas no solo contra los presuntos responsables de tráfico de drogas, sino también contra sus familiares, socios personales y comerciales, bajo el argumento de que la crisis del fentanilo exige medidas extraordinarias.

El mensaje político desde Washington es cada vez más duro y ayer la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, declaró que “Rusia, China y México son enemigos de EEUU”. México ya no es un socio cuestionado, sino una amenaza directa en temas de seguridad, drogas y migración.

Los hechos ya rebasaron el discurso. EEUU decidió no esperar el resultado de las investigaciones mexicanas y actuó. El gobierno de Trump avanza con sanciones, intervenciones y restricciones migratorias.

México se encuentra en una posición incómoda: defiende el debido proceso mientras su principal socio comercial castiga sin esperar sentencia. México busca equilibrio, pero su respuesta parece más defensiva que estratégica. Ante la gravedad de las acusaciones y la contundencia de las acciones estadounidenses, la presidenta debe mostrar firmeza política para que México no parezca subordinado, como hasta ahora lo ha hecho, ni evasivo, y actuar con eficacia operativa para que Estados Unidos no tome el control del caso por su cuenta.

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