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Julieta del Río.
En términos legales, esta ampliación se presenta como una medida excepcional. Sin embargo, diversos especialistas han advertido que existe el riesgo de que la excepción se convierta en regla.
Julieta del Río
En medio de la reconfiguración del sistema de transparencia en México, la Ciudad de México concretó recientemente la transición hacia su nuevo modelo institucional con la publicación del decreto correspondiente. Con ello, se suma a un proceso que aún continúa en varias entidades del país, donde la transformación de los esquemas de acceso a la información sigue pendiente.
Uno de los aspectos que más debate ha generado es la ampliación de los márgenes de reserva de información. Aunque se mantiene un periodo base de cinco años, el nuevo esquema en la Ciudad de México permite extender la reserva hasta diez años, siempre que el sujeto obligado justifique las causales correspondientes.
En términos legales, esta ampliación se presenta como una medida excepcional. Sin embargo, diversos especialistas han advertido que existe el riesgo de que la excepción se convierta en regla y que el acceso a información relevante se retrase por periodos tan largos que, en los hechos, debiliten la rendición de cuentas.
Diez años de reserva en temas de obra pública, gasto gubernamental o decisiones administrativas pueden significar que la información llegue cuando los efectos políticos, presupuestales o incluso las posibles responsabilidades derivadas de esos actos ya hayan perdido relevancia pública.
El caso de Sinaloa también resulta ilustrativo. Antes de solicitar licencia a su cargo, el gobernador Rubén Rocha Moya impulsó la transición hacia un nuevo esquema que implicó la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y la reconfiguración del modelo institucional.
Más allá del cambio administrativo, organizaciones civiles han advertido que la reforma no solo modifica estructuras, sino que también afecta principios fundamentales del modelo de apertura. De acuerdo con la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS), la nueva legislación debilita herramientas como la transparencia proactiva y los mecanismos de gobierno abierto, fundamentales para garantizar información disponible sin necesidad de solicitudes formales.
Desde esta perspectiva, el riesgo no es únicamente la reestructuración institucional, sino el cierre progresivo de espacios de acceso a la información pública. La eliminación o debilitamiento de estas herramientas implica reducir la disponibilidad de información para la ciudadanía y trasladar todo el peso del acceso al trámite individual de solicitudes.
En ese contexto, diversas organizaciones han advertido que las reformas podrían generar condiciones de mayor opacidad, especialmente si se amplían las causales de reserva o se debilitan los contrapesos institucionales.
El punto central del debate no es si los estados deben modernizar sus sistemas de transparencia, sino si estas reformas están ampliando o restringiendo efectivamente el derecho ciudadano a saber.
Cuando se eliminan mecanismos de gobierno abierto y transparencia proactiva, como ocurre en Sinaloa, y al mismo tiempo se amplían los periodos de reserva de información, como sucede en la Ciudad de México, el resultado no es neutral. En la práctica, el acceso a la información se vuelve más limitado, más reactivo y menos accesible.
La transparencia no puede reducirse a la existencia de leyes o plataformas. Se mide por su capacidad real para permitir el escrutinio público en tiempo útil y con información completa. Si las reformas terminan dificultando el acceso a la información o ampliando los espacios de reserva, el riesgo es claro: avanzar hacia un modelo institucional más cerrado y con mayores niveles de opacidad.
@julietdelrio
