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Julieta del Río.
Una pensión no depende de la simpatía que un trabajador despierte en el gobernante en turno. No está sujeta a la discrecionalidad, ni a la conveniencia presupuestal. Es un derecho adquirido.
Julieta del Río
Las pensiones son reconocidas en el mundo como un derecho humano y constituyen un derecho protegido por la ley. Sin embargo, con el paso de los años, este tema se ha vuelto cada vez más complejo.
Las decisiones tomadas por gobiernos y legisladores en nuestro país, muchas veces sin calcular el impacto financiero de largo plazo, considerar el incremento en la esperanza de vida ni garantizar la sostenibilidad de los sistemas, han convertido al régimen de pensiones en uno de los mayores desafíos. Pero esa complejidad no puede utilizarse como argumento para poner en riesgo los derechos de quienes dedicaron décadas de su vida al servicio público o al trabajo formal.
Una pensión no depende de la simpatía que un trabajador despierte en el gobernante en turno. No está sujeta a la discrecionalidad, ni a la conveniencia presupuestal. Es un derecho adquirido.
A lo largo de los años se ha debatido si el monto de algunas pensiones es alto o bajo, si el sistema requiere ajustes o si deben emprenderse reformas. Lo que no admite discusión es que, mientras la ley esté vigente, debe cumplirse. Las prestaciones establecidas existen para brindar certeza, no para ser modificados o condicionados por la voluntad de una autoridad.
Tampoco es aceptable retrasar pagos, retener recursos o utilizar las pensiones como instrumento de presión política o administrativa. Durante demasiado tiempo, los recursos destinados a las pensiones fueron tratados como una caja chica de distintos gobiernos. Ese dinero nunca debió tocarse, porque pertenece a las y los trabajadores que aportaron durante toda su vida laboral para garantizar un retiro digno.
El fondo del problema es la falta de liquidez para cumplir con una obligación que el propio Estado adquirió. Los recursos destinados a las pensiones debieron permanecer intocables y administrarse con responsabilidad, transparencia y visión de largo plazo.
Por ello, más que reformar leyes, el debate debe centrarse en cómo fondear adecuadamente los sistemas de pensiones para hacerlos sostenibles, sin menoscabar derechos adquiridos. Las soluciones requieren políticas públicas serias, planeación financiera y responsabilidad hacendaria.
La magnitud del reto es evidente. De acuerdo con El Economista, durante 2025 el Gobierno Federal destinó más de 2 billones de pesos al pago de pensiones y, para 2026, proyectó un gasto cercano a 2.23 billones de pesos. Estas cifras reflejan la creciente presión que este rubro ejerce sobre las finanzas públicas, pero también evidencian la obligación del Estado de anticiparse y garantizar la viabilidad del sistema sin afectar derechos adquiridos.
En este contexto, la transparencia también desempeña un papel fundamental. Permite a las personas jubiladas y a quienes están por pensionarse acceder a sus expedientes, verificar el cálculo de sus prestaciones, obtener información para sus trámites y exigir respuestas cuando una autoridad incumple.
La transparencia no sólo sirve para vigilar al poder; también cambia la vida de las personas cuando les permite acceder a un derecho que les corresponde.
No permitamos que estos mecanismos de protección se debiliten en medio de los cambios institucionales que vive el país. Debemos vigilar que este tema sea atendido con la mayor responsabilidad y cuidado, porque detrás de cada expediente existe una persona, una familia y toda una vida de trabajo.
Respetar las pensiones es respetar la dignidad de quienes trabajaron durante décadas y cumplieron con sus obligaciones.
La discusión de fondo es cómo construir sistemas financieramente sostenibles y transparentes que permitan cumplir con las obligaciones del presente y responder a las necesidades de las generaciones futuras, sin poner en riesgo los derechos adquiridos.
Las pensiones no son un problema creado por quienes trabajaron y aportaron durante años. Son el reflejo de decisiones públicas que privilegiaron el corto plazo sobre la planeación. Corregir el rumbo exige responsabilidad y visión de Estado.
Los derechos no se administran según la disponibilidad del momento ni dependen de la voluntad de quien gobierna. Los derechos se cumplen.
Ese compromiso no admite excusas.
@julietdelrio
